¿Puede cambiar su situación judicial? Lo que define la nueva audiencia de Álvarez
La nueva audiencia de apelación está programada para el 5 de marzo
La nueva audiencia de apelación en el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se perfila como un momento decisivo dentro de un proceso judicial marcado por tensiones políticas y cuestionamientos a la independencia de la justicia. Tras la última diligencia el 2 de marzo, que no logró instalarse por la ausencia de la Fiscalía y la participación de jueces en compromisos internacionales, la defensa insiste en que estas circunstancias afectan derechos fundamentales como el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
La sesión prevista para el 5 de marzo podría definir si se mantiene la prisión preventiva o si se abre la posibilidad de medidas cautelares menos restrictivas, con implicaciones directas en el ámbito político y administrativo de la ciudad.
Aspectos legales en debate
La audiencia tiene como objetivo revisar la apelación a la medida cautelar de prisión preventiva. La magíster en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, Karol Vizcaino, señala que los jueces deberán analizar dos puntos principales: la competencia del juez que dictó la medida en primera instancia y la proporcionalidad de la prisión preventiva.
El debate sobre la competencia surge porque Álvarez, como alcalde de Guayaquil, goza de fuero especial. Además, los jueces deberán evaluar si la prisión preventiva cumple con los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en el Artículo 534 del COIP, considerando si realmente existe un riesgo de fuga que no pueda ser mitigado con medidas menos restrictivas. La defensa argumentará que Álvarez posee un arraigo social y político indiscutible en la ciudad.
Otro aspecto técnico en discusión es el principio de non bis in idem, ya que el denominado “Caso Goleada” podría estar vinculado con el “Caso Triple A” por los mismos hechos de comercialización de combustible. Si los jueces concluyen que los indicios de la Fiscalía no justifican la privación de libertad, Álvarez podría enfrentar medidas alternativas como arresto domiciliario o el uso de grillete electrónico, explica la abogada.
Parte de una estrategia política
El abogado penalista Alex Lucio explica que el Consejo de la Judicatura delegó a dos de los tres jueces del tribunal para participar en un evento en Panamá los días 5 y 6 de marzo, lo que podría impedir que la sesión se lleve a cabo. Este hecho, sumado a la inasistencia previa de la Fiscalía en audiencias relacionadas, ha generado cuestionamientos sobre la independencia judicial.
Alex Lucio
Lucio sostiene que estas circunstancias no son coincidencias, sino parte de una estrategia política que erosiona la confianza ciudadana en los servicios de justicia.
Según el jurista, cuando la jurisdicción ordinaria fracasa al punto de no instalar audiencias, se afectan derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva y el debido proceso. En ese escenario, una alternativa sería recurrir a la jurisdicción constitucional mediante un hábeas corpus, siempre que la prisión preventiva sea considerada arbitraria o ilegítima.
Populismo penal y presión social
Vizcaino advierte que el caso de Álvarez está atravesado por dinámicas de populismo penal. En un contexto de alta desconfianza ciudadana y presión mediática, los jueces enfrentan lo que se conoce como “justicia defensiva”. Dictar medidas alternativas a la prisión preventiva para un político de alta visibilidad podría interpretarse como impunidad, exponiendo a los magistrados a críticas públicas y sanciones administrativas.
El “Caso Goleada”, que involucra cifras millonarias, ha generado un fuerte impacto social. En este escenario, existe el riesgo de que la prisión preventiva se convierta en una pena anticipada para satisfacer el clamor popular, debilitando estándares internacionales de derechos humanos y aplicando un derecho penal del enemigo.
Escenarios posibles y recursos legales
Si la audiencia determina cambios en las medidas cautelares, Álvarez podría pasar del centro de privación de libertad en Latacunga a un régimen de libertad vigilada, con arresto domiciliario o grillete electrónico. Esto tendría un impacto político inmediato, pues su retorno físico a Guayaquil obligaría al Concejo Cantonal a revaluar la subrogación de la Vicealcaldesa y abriría la posibilidad de que retome funciones, aunque sea de forma limitada.
No obstante, este escenario es frágil. Cualquier incumplimiento de las medidas o nuevas acusaciones en el “Caso Triple A” podrían activar una revocatoria inmediata y devolverlo a prisión.
Ambos abogados coinciden que en caso de que la audiencia ratifique la prisión preventiva, la defensa tendría como recurso inmediato el hábeas corpus, buscando demostrar que el encierro es arbitrario o ilegal. A largo plazo, el proceso seguiría hacia el juicio, con posibilidades de apelación de sentencia, casación en la Corte Nacional de Justicia y, eventualmente, revisión si aparecieran pruebas nuevas de inocencia.
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