De la demolición a la deuda: el caso del edificio Fantasía, en Guayaquil
Municipio busca recuperar $ 414.000 por el derrocamiento. Los afectados, en su mayoría adultos mayores, cuestionan el proceso
Casi un año y medio después de la demolición del edificio Fantasía, en el centro de Guayaquil, 18 familias enfrentan notificaciones de cobro por parte del Municipio por los costos del derrocamiento de la estructura. El monto que la Alcaldía busca recuperar asciende a $ 414.499,67, según el boletín oficial emitido la tarde de este 4 de marzo.
El edificio, ubicado en la avenida 9 de Octubre entre Esmeraldas y José Mascote, fue demolido en octubre de 2024 tras un informe técnico que determinó riesgo alto de colapso luego de varios sismos.
Los exresidentes sostienen que antes del proceso municipal habían presentado una cotización privada por aproximadamente $ 120.000 para ejecutar la demolición. Sin embargo, el Cabildo declaró la emergencia y contrató el servicio mediante un proceso emergente, cuyo valor supera los $ 400 mil.
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Desde noviembre de 2024, las familias —en su mayoría personas de la tercera edad— comenzaron a recibir notificaciones individuales que, según indican, alcanzan hasta $ 40 mil por propietario.
“Perdimos nuestras viviendas y ahora nos quieren cobrar una cifra imposible de pagar”, señalaron afectados.
La postura del abogado
La mañana de este 4 de marzo, el abogado de las familias, Daniel Frías, cuestionó el cobro y el manejo del proceso. Sostuvo que, cuando una estructura representa riesgo para terceros, el problema deja de ser estrictamente privado y se convierte en un asunto de interés público.
“El edificio podía causar daño a vecinos y transeúntes. Cuando existe riesgo de colapso, se activa la responsabilidad del Estado”, argumentó.
El jurista presentó una acción de hábeas data para que el Municipio entregue la documentación completa del proceso: declaratoria de vetustez, resoluciones administrativas, detalles del contrato y el nombre de la empresa adjudicataria.
Según indicó, durante tres meses solicitaron la información sin obtener respuesta completa. Señaló que el juez otorgó un plazo de ocho días para la entrega de documentos y que ese plazo vencía este 4 de marzo.
- El abogado también cuestionó los valores que, según afirma, se han incrementado con intereses y multas, y pidió que se transparenten los cálculos.
¿Qué argumenta el Municipio?
En su comunicado oficial, la Alcaldía de Guayaquil informó que la demolición se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida el 23 de julio de 2024 por la jueza Alexandra Pérez Mayorga, dentro de una medida cautelar.
El informe técnico de la Empresa Pública Segura EP, del 18 de junio de 2024, determinó un riesgo alto de colapso por asentamiento e inclinación progresiva de la estructura y recomendó el derrocamiento inmediato.
Tras la declaratoria de emergencia del 25 de julio de 2024, se inició un proceso de contratación en el que participaron tres oferentes. El contrato fue adjudicado el 15 de agosto de 2024 a la empresa MARDIRED S.A., con un plazo de ejecución de 60 días.
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La demolición comenzó el 27 de agosto y concluyó el 25 de octubre de 2024.
El Municipio sostiene que asumió inicialmente el costo para proteger la vida de los ciudadanos, pero que la orden judicial estableció que el valor debía ser recuperado posteriormente de los copropietarios.
Además, indicó que uno de los propietarios ya canceló la totalidad de su obligación y que se ofrecen facilidades de pago de hasta 24 meses, conforme al Código Orgánico Administrativo. Los copropietarios, aseguró el Municipio a través de un comunicado, pueden acercarse al Departamento Financiero para suscribir convenios y evitar procesos coactivos.
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