Por primera vez, Noboa reconoce conflicto armado interno con Ley de Solidaridad
Ejecutivo dispuso que Centro Nacional de Inteligencia realice actualización periódica e individualizada de los grupos armados
Por primera vez, el Gobierno de Daniel Noboa ha emitido un Decreto Ejecutivo en el que se reconoce la “persistencia de un conflicto armado interno a cargo de grupos armados organizados”, con base en la Ley de Solidaridad Nacional.
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Esta normativa fue la primera enviada con carácter de económica urgente por Noboa en el actual periodo legislativo. Gracias a una mayoría coordinada por el oficialista ADN, se obtuvieron 84 votos para aprobarla; sin veto, el Ejecutivo la remitió directamente al Registro Oficial.
Tras su sanción, el presidente emitió el reglamento correspondiente para viabilizar los cambios introducidos en leyes como el Código Orgánico Integral Penal (COIP). De hecho, uno de los pilares fundamentales de la Ley de Solidaridad es justamente la facultad del Ejecutivo para reconocer oficialmente la existencia de un conflicto armado interno, algo que la Corte Constitucional ha evitado hacer al considerar que no se cumplen los requisitos necesarios para dicha declaratoria.
¿Qué establece el Decreto Ejecutivo 55?
El Decreto Ejecutivo 55 fue emitido con fecha 16 de julio de 2025. Contiene tres artículos, cuatro disposiciones generales, una cláusula de derogatoria y una disposición final. El documento oficializa la persistencia del conflicto armado interno.
Además del reconocimiento, se indica que se ha “evidenciado la concurrencia de los criterios determinados en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional”.
Asimismo, se detalla que los grupos armados organizados fueron identificados en un informe de inteligencia fechado el 9 de julio de 2025.El decreto también dispone que el Centro Nacional de Inteligencia realice una actualización periódica e individualizada de los grupos armados involucrados en el conflicto.
¿Por qué es relevante esta declaratoria?
En la Ley de Solidaridad Nacional se introdujo un régimen jurídico especial. Entre las reformas concretadas al COIP destacan los allanamientos sin orden judicial y los indultos diferidos para policías y militares.
Otro punto crucial es el tratamiento de casos vinculados con corrupción, crimen organizado y delitos conexos al conflicto armado interno. Estos serán juzgados por tribunales especializados en anticorrupción.
Además, si la Fiscalía decide abstenerse de acusar a un procesado, deberá elevar su decisión al fiscal provincial, quien podrá ratificarla o revocarla. También se estableció que los sentenciados no podrán acceder a regímenes abiertos o semiabiertos para cumplir su condena si no han cumplido previamente con la obligación de reparación económica dictada en sentencia.
Sin embargo, para que este régimen jurídico especial pueda aplicarse, es indispensable la declaratoria oficial del conflicto armado interno por parte del Ejecutivo.
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