Las visitas de los presidentes electos de América Latina a Washington, en Estados Unidos, antes de asumir el poder, muchas veces despejan dudas.

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Ocurrió, por ejemplo, en 2003 con Lucio Gutiérrez que viajó a esa capital como un coronel de encendido discurso nacionalista y regresó como gran aliado de los EE. UU. y defendiendo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El caso de Daniel Noboa no parece distinto: sus declaraciones en Washington disiparon algunas dudas y abren certezas. Como por ejemplo que el juicio político a la fiscal no va a pasar, como pretende el correísmo.

Resulta que el feriado y el fin de semana se había especulado mucho sobre si el supuesto acuerdo entre el correísmo, el socialcristianismo y el gobierno iba a sobrevivir al cruce de tuits entre Rafael Correa y el socialcristiano Henry Kronfle.

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Correa tachó de mentiroso a Kronfle por un mensaje que este había puesto en esa red social, afirmando que ningún movimiento le había condicionado el acuerdo a un juicio político a la fiscal Diana Salazar. “Estás mintiendo. Nosotros les planteamos el juicio político a la fiscal y lo vamos a hacer”, le dijo Correa dejando sin piso al socialcristiano quien, se supone, va (o iba) a ser el presidente de la Asamblea en virtud de dicho acuerdo

Ese rifirrafe, en efecto, había despertado dudas sobre el futuro del acuerdo. Votar para presidente de la Asamblea a un “mentiroso”, como llamó Correa a Kronfle, no puede ser, sino al menos, incómodo para las huestes correístas.

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Pues bien, lo anunciado por Noboa en Washington parece enterrar definitivamente la aspiración de Correa de destituir a Diana Salazar, una causa que parece haberse convertido en una obsesión patológica para el expresidente.

No hay que olvidar, además, que Salazar es una funcionaria que cuenta con un apoyo marcado por la Embajada de los EE. UU. en Quito. Además, si se observa la cuenta de Twitter de Correa es evidente que desde hace un par de semanas, destituir a Salazar se había convertido en una especie de mantra para él. 

Para Correa, el tema de la fiscal es prioritario y evidentemente no iba a tejer acuerdos parlamentarios que no incluyeran su juicio político en la Asamblea. Pensar que iba a llegar a un acuerdo sin ese punto en la agenda resultaba demasiado ingenuo.

Quienes creyeron que el socialcristianismo iba a tejer un acuerdo con el correísmo y el gobierno que no iba a incluir en su agenda el tema de la fiscal se dieron con la piedra en los dientes. Igual cosa con aquellos líderes de opinión que veían por encima del hombre y con una inmensa superioridad moral a quienes se oponían a un entendimiento con el correísmo, que decían que había llegado la hora de la reconciliación nacional y que había que dejar la resistencia al correísmo de lado.  

Para Correa, el objetivo de censurar a Salazar tenía un motivo claro. Con ella en la Fiscalía es bastante más improbable que un tribunal conceda un recurso de revisión a favor suyo por el caso Sobornos.

“No es lo mismo que cualquier otro fiscal se oponga a un recurso de revisión a que lo haga Diana Salazar. Su peso específico haría muy difícil que un juez acceda al pedido de Correa y eso es lo sabe él”, sostiene el penalista Ramiro García.

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Para otro jurista, Xavier Palacios, Correa quiere sacar a Salazar del cargo sobre todo porque piensa que así ya no van a aparecer nuevos procesos en su contra o de sus aliados como Jorge Glas.

El interés de Correa, al que no parece oponerse el socialcristianismo, no está en qué tan buen papel de fiscal haya tenido o no Salazar. Su objetivo no es fiscalizarla por conductas suyas como su inexplicable demora en reactivar el proceso en contra del socialcristiano Juan José Franco o por no haber procesado a Leonidas Iza por desestabilizador y terrorista.

No, para Correa lo único que cuenta es censurar a Salazar por lo que ella significa para sus causas personales.

Lo de ayer de Noboa y lo del fin de semana en X (antes Twitter) cambian el paisaje político. Se espera que hoy la bancada de Construye haga una invitación a ADN de Noboa a conversar y acordar en una agenda legislativa que incluya un plan de seguridad en el que se contemple una enmienda constitucional para abrir la puerta a la extradición de narcotraficantes ecuatorianos a EE. UU. Habrá que ver qué pasa en los próximos días porque en política, sobre todo en el Ecuador, todo es posible.

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