Trabaja bajo presión. El régimen de Guillermo Lasso suma a los municipios y prefecturas a la lista de entidades que cuestionan su falta de agilidad en las asignaciones presupuestarias.

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La Judicatura, la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) son algunas de las instituciones que desde 2021 han presionado para que el Ejecutivo brinde los recursos que por ley les corresponden.

Aunque ciertos municipios y prefecturas habían expresado su inconformidad, ahora la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) elevaron su voz de protesta.

En Guayas, los municipios se plantaron en los exteriores de la Gobernación de la provincia y se reunieron con el gobernador Francesco Tabacchi. Hasta el cierre de esta edición se desconocían los resultados del diálogo.

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Por su parte, en Pichincha el Congope se reunió para definir acciones frente al incumplimiento del Ejecutivo. Los prefectos del país no han descartado organizar una movilización y acciones de hecho para hacer cumplir su exigencia.

Aunque los reclamos son justos, analiza Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, estos carecen de una visión clara del panorama. “Los fondos, como los de los municipios y las prefecturas, se liquidan en función de los ingresos; pero si estos bajan, eso ya no es potestad de este gobierno ni del que venga”, sostiene.

Esta variación en los ingresos del Estado, también afectados por la baja recaudación, la oscilación del precio del petróleo y la falta de saneamiento de las cuentas fiscales del país, “hace imposible atender los pedidos de las entidades públicas”, al menos no en el tiempo en que instituciones como los GAD exigen su cumplimiento.

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Pese a que no se pueden omitir estas consideraciones, para Mauricio Alarcón, jurista y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el Ejecutivo tampoco puede obviar su obligación de cumplir con las asignaciones presupuestarias contempladas en la normativa, y en los tiempos correspondientes, a todas las entidades públicas.

De hecho, según dijo a EXPRESO el alcalde correísta de Milagro, Pedro Solines, esta falta de agilidad en las asignaciones presupuestarias a los GAD no afecta a sus autoridades, sino a la ciudadanía y la calidad de servicios y obras que recibe.

“La falta de entrega de recursos afecta la atención del fenómeno de El Niño, pese a que el gobierno ya declaró alerta naranja y dijo que transferiría recursos, pero hasta ahora nada”, señaló y resalto que los servicios sociales también se ven afectados.

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Solines incluso cuestionó que el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, sostenga que el gobierno haya reducido la deuda, al menos, con los municipios. “Es un mentiroso”, increpó y dijo que la tónica del régimen ha sido “cogerse la plata, y eso es ser ladrón”.

Al igual que Carrera, el exministro de Finanzas Mauricio Pozo considera que este no es un problema exclusivo del gobierno saliente, sino que lo será para los que vengan, ya que la solución pasa por mejorar la caja fiscal del Estado.

“Los municipios, por ejemplo, esperan que se les pague lo mismo que el año pasado, pero no se lo puede hacer porque, por diversos motivos, los ingresos bajaron”, afirma Pozo, que añade que esta es una consideración transversal para todos los estamentos del Estado.

Aunque los reclamos continúen, según dice, mientras no se mejore la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, estos no podrán ser cumplidos. No solo por falta de voluntad política, sino por la genuina ausencia de recursos para todos.

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