Prefectura extiende las concesiones viales en Guayas hasta 2054 por millonaria deuda

La Prefectura del Guayas, liderada por Marcela Aguiñaga, amplió por 30 años los contratos de concesión vial con las empresas Conorte S.A. y Concegua S.A., extendiendo su administración sobre las carreteras provinciales hasta el año 2054. Esta resolución técnica motivó que el Gobierno Central solicite formalmente una auditoría de legalidad a la Contraloría General del Estado

El Gobierno pidió control 

Un documento oficial al que EXPRESO tuvo acceso alega que la modificación contractual se ejecutó en 2024 sin el conocimiento del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).

La Cartera de Estado cuestiona el blindaje de esta adenda, argumentando que una prórroga de tal magnitud altera sustancialmente el horizonte de explotación económica y requería validación técnica previa para asegurar la coherencia con la política pública nacional. Ante la entrega de información considerada insuficiente, el Ministerio requirió la intervención urgente del organismo de control (Contraloría).

La defensa de la Prefectura 

Jaime Rodríguez, subdirector de Administración de Concesiones de la Prefectura, defendió la actuación institucional alegando el estricto cumplimiento normativo. En entrevista con este Diario, detalló que la decisión obedece a un Restablecimiento Económico Financiero (REEF 7) obligatorio, derivado de una deuda acumulada de 516 millones de dólares a favor de los operadores privados.

Este pasivo institucional se consolidó durante 12 años, entre 2012 y 2024, periodo en el cual las tres administraciones pasadas omitieron regularizar la estructura financiera del convenio.

El monto total de compensación se divide en 323 millones para Conorte y 193 millones para Concegua.

Los rubros son proporcionales a la cantidad de kilómetros administrados.

Habían otras opciones, en vez de extender 30 años más

Según Rodríguez, los contratos delegan mecanismos específicos para saldar estas diferencias operativas. "La primera forma de compensación es subir la tarifa", indicó el vocero, precisando que esta potestad recae de manera exclusiva en el Ejecutivo central. La segunda vía, ejecutar un pago directo, implicaba comprometer el equivalente a dos presupuestos anuales de la entidad provincial, provocando una virtual paralización administrativa y de obras.

En consecuencia, se recurrió a la tercera opción legal dispuesta: el incremento del plazo de delegación. Prefectura destaca que replicaron la misma medida que el MIT tomó con una concesión en 2016, y que esta decisión sí fue socializada en mesas técnicas con el Gobierno, contrario a lo que la cartera de Estado manejada por Roberto Luque advierte. 

Medio siglo con Conorte y Concegua

Con las nuevas escrituras públicas suscritas, vigentes desde agosto de 2024, ambas concesionarias mantendrán el cobro de peajes y el mantenimiento vial por casi 50 años consecutivos, tomando en cuenta que los convenios originales iniciaron en octubre de 1998.

Frente a este escenario, las autoridades provinciales aseguran que la renegociación incluyó el compromiso de 111 millones de dólares en inversiones adicionales de las empresas, rubro destinado exclusivamente a la ampliación de vías

Adicionalmente, se logró restituir el cobro del 4 % sobre los ingresos mensuales a favor de la Prefectura para ejecutar labores de fiscalización técnica.

Pese al sustento presentado por el gobierno local, la pugna jurisdiccional escalará a las instancias de auditoría. 

La administración del Guayas se escuda señalando que el control sobre el uso de recursos y la legalidad financiera es competencia privativa y excluyente de la Contraloría. Aseguran que están abiertos a una auditoría ya que confían en el trabajo realizado. 

Por su parte, el MIT exige que las acciones de control verifiquen minuciosamente la motivación jurídica y las corridas de datos que blindaron a los contratistas hasta mediados de siglo.

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