Roberto Luque sobre la crisis de la ANT: "Sabíamos que habían casos de corrupción"
ANT enfrenta depuración masiva tras detectar vulneraciones en base de datos y suspensión de trámites clave
El ministro de Transporte, Roberto Luque, se pronunció este 5 de febrero sobre la crisis institucional que enfrenta la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en una entrevista con Ecuavisa, y explicó las medidas que se implementarán tras detectar irregularidades en la gestión anterior. “El presidente de la República siempre exige a todos los funcionarios del Ejecutivo dos características fundamentales: eficiencia y transparencia”, enfatizó Luque.
La crisis conocida como Caso Jaque involucra anomalías en el sistema Axis 4.0, que ha permitido cambios indebidos de propietarios de vehículos y vulneraciones en la base de datos. Según el ministro, se detectaron casos como la matrícula de 55.000 vehículos en un cantón donde solo existen 5.000, o vehículos que cambian de dueño sin consentimiento en registros municipales.
Para afrontar la situación, el gobierno presentó a un nuevo director ejecutivo de la ANT, a quien Luque describió como "una persona con experiencia administrativa y capacidad para implementar la tercera placa y depurar la base de datos existente". Este equipo trabaja en conjunto con expertos externos y la CNT para auditar y fortalecer el sistema.
Depuración de la base de datos y diagnóstico inicial
El ministro explicó que la depuración de la base de datos es una prioridad. “Sabíamos que existían casos de corrupción. Hoy estamos diagnosticando el estado de la base de datos y evaluando qué nos permite hacer. Hasta ayer no se sabía que podríamos tener trazabilidad, en tiempo real y por usuario, de quién realizó cada cambio”, señaló Luque.
Además, se identificó que muchos usuarios de los GADS no cuentan con antecedentes claros ni con un registro adecuado, lo que ha permitido manipulación y errores históricos. Por ello, se implementará un análisis forense del sistema y se restringirá el acceso a usuarios que hayan generado problemas.
El proceso busca prevenir vulneraciones futuras y garantizar la inviolabilidad de los datos, con contratos que incluyan multas para cualquier brecha en la información. "No podemos reemplazar un sistema por otro que luego sea vulnerado", recalcó el ministro.
Servicios en transición y atención a la ciudadanía
A pesar de la crisis, Luque aseguró que ciertos trámites se mantendrán operativos. "Uno de los principales objetivos del director de la Agencia Nacional de Tránsito será detectar y diagnosticar aquellos trámites que no tienen ningún problema en que puedan seguir usando. Por ejemplo, hoy el certificado único vehicular está vigente y se lo puede utilizar", indicó.
Se priorizará la habilitación de servicios mientras se trabaja en paralelo en la depuración de la base de datos, con comunicación directa hacia los ciudadanos para evitar inconvenientes. "Esta semana algunos trámites ya van a estar siendo habilitados", confirmó el ministro.
Control de usuarios y GADS involucrados
La ANT supervisa actualmente 221 GADS con capacidad de matricular vehículos, pero se identificaron irregularidades en algunos centros de revisión. "El problema está en el concepto de lo que está ocurriendo. Tenemos que saber quiénes son los usuarios, qué antecedentes tienen y si trabajan en el municipio o en privados", detalló Luque.
El nuevo sistema buscará monitoreo en tiempo real, alertas de movimientos irregulares y multas para contratistas que incumplan protocolos de seguridad. Esta medida apunta a evitar fraudes y garantizar transparencia en todos los procesos.
Futuro de la ANT y medidas contra la corrupción
El ministro destacó que también se solicitará a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) revisar las cuentas de los funcionarios, tanto de nivel jerárquico superior como de personal de nombramiento, para detectar posibles vínculos con la red de corrupción. "Sabemos que en la agencia ha existido personal sin control adecuado durante mucho tiempo", afirmó.
La transición de la ANT es un desafío, pero Luque enfatizó que la prioridad es garantizar agilidad en los trámites y seguridad en la información, minimizando molestias a los ciudadanos durante el proceso.
