Caso Jaque: los delitos y penas que enfrentan los detenidos en el operativo

El operativo ejecutado la madrugada del 30 de enero de 2026 en tres provincias del país destapó una estructura que, según la Fiscalía, operaba dentro de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y habría convertido la entrega de licencias, matrículas y permisos en un negocio paralelo. Diez personas fueron detenidas en el procedimiento, entre ellas funcionarios de la institución y su entonces director, Pedro Abril.

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Las detenciones se realizaron durante 23 allanamientos simultáneos en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde los equipos de investigación incautaron cientos de licencias listas para ser entregadas, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, memorias digitales y dinero en efectivo. Todo este material quedó bajo cadena de custodia como parte del expediente

El delito imputado: delincuencia organizada

A los 10 detenidos se les formularon cargos por delincuencia organizada, tipificada en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este delito contempla penas que pueden llegar hasta los diez años de prisión, según precisaron autoridades fiscales y medios nacionales.

De acuerdo con la investigación, la red habría cobrado entre $150 y $250 por trámite para entregar documentos sin necesidad de turnos ni procedimientos regulares. La denuncia inicial llegó a través de la línea 1800-DELITO en julio de 2025, lo que dio inicio a seguimientos, vigilancias e interceptación de llamadas telefónicas.

¿Quiénes seguirán en prisión preventiva?

Tras la audiencia de formulación de cargos, un juez dictó prisión preventiva para nueve de los diez procesados, incluidos:

• Pedro Xavier Abril Alegria  (director ejecutivo de la ANT)

• Ximena Cecilia Carrera Guerron

• Oswaldo Rodrigo Huertas Paredes

• Edwin Miguel Sanguano Quiroz

• Gustavo Gabriel Costta Escobar

• Dora Flor Sierra Mendez

• Manuel Alejandro Palacios Aguirre

• Carlos Alexander Ordoñez Oviedo

• Enrique Andres Castillo Aveiga

Una décima procesada, identificada como Emma Melissa Aguayo Escobar, recibió medidas sustitutivas, como presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. La instrucción fiscal fue fijada en 90 días, periodo durante el cual se realizarán pericias, análisis de los dispositivos incautados y toma de versiones para determinar el alcance de la estructura investigada

El operativo provocó además el cierre temporal de todas las oficinas de la ANT a escala nacional, mientras se ejecutan revisiones administrativas y procesos de depuración interna. Las autoridades señalaron que la medida busca “garantizar la transparencia del servicio público”, aunque no se han precisado aún los plazos para restablecer la atención.

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