Prisión preventiva para el director de la ANT por presunta delincuencia organizada

Un Juez a cargo de la audiencia de formulación de cargos ordenó el sábado 31 de enero la prisión preventiva del director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Pedro Abril, junto con otras ocho personas detenidas el viernes 30 de enero en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada. La medida se adoptó pese a que Abril sostiene que fue él quien denunció inicialmente los actos de corrupción ahora investigados.

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Tras analizar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, el juez de la causa dictó prisión preventiva para 9 personas. La Fiscalía General del Estado informó además que, en el caso de una mujer se dispuso la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades y la prohibición de salir del país.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación se inició en julio de 2025 a partir de una denuncia recibida en la línea 1800-Delito, que alertaba sobre un presunto esquema de cobros indebidos en la ANT. El reporte señalaba que varios funcionarios estarían exigiendo entre 150 y 250 dólares por entregar matrículas, licencias o permisos de operación sin necesidad de turnos. 

Como parte del proceso, se aplicaron técnicas especiales de investigación —como seguimientos y vigilancias— que, según la Fiscalía, permitieron recopilar indicios que vinculan a los procesados con estos hechos, en el marco del denominado caso Jaque.

Durante los 23 allanamientos ejecutados el viernes en Pichincha, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas, las autoridades decomisaron documentos, dispositivos electrónicos, cientos de licencias, teléfonos celulares, unidades de almacenamiento y dinero en efectivo.

La versión de Pedro Abril

A través de sus redes sociales, Abril rechazó las acusaciones y afirmó que fue él quien denunció previamente los hechos. “¡Basta de manchar mi nombre! Los hechos que hoy se mencionan públicamente ya fueron denunciados por mí el 20 de enero de 2026 ante la Fiscalía”, escribió.

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El funcionario aseguró haber presentado la denuncia “de manera voluntaria y dentro del marco de la ley”, con la intención de que los hechos se investiguen a fondo. Añadió que confía en que el proceso permitirá que la justicia se pronuncie con base en los hechos y no en titulares mediáticos.

Perjuicio millonario y posibles nexos criminales

El ministro del Interior, John Reimberg, estimó que los perjuicios generados por esta red superarían los tres millones de dólares. Según sus declaraciones, el dinero presuntamente recaudado era desviado a cuentas vinculadas con los distintos participantes del esquema, hasta llegar —afirmó— a los niveles superiores de mando.

Reimberg también señaló que la supuesta estructura podría tener vínculos con el grupo criminal Los Choneros, y advirtió que “van a caer todos aquellos que hayan sido beneficiados”.

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