El usuario paga la factura por las irregularidades en la ANT

Las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) cumplirán este 4 de febrero de 2026 cinco días cerradas. La medida la anunció el ministro del Interior, John Reimberg, el viernes pasado, en el marco del denominado caso Jaque, en el cual la Fiscalía investiga el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada por parte de los funcionarios de esa entidad, quienes cobraban dinero ilegalmente a cambio de agilizar trámites.

El cierre de las oficinas a nivel nacional ha dejado en el limbo los trámites que realizaban y que tenían programados los usuarios, así como distintos representantes de gremios vehiculares y escuelas de conducción del Ecuador. Además, existe incertidumbre porque se desconoce cuánto tiempo durará la medida y cuál será el mecanismo para retomar las actividades.

Rodolfo Castro, director de la Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA), dice que si se mantiene el cierre, miles de personas no recibirán sus vehículos, pero también causaría un perjuicio en las arcas fiscales. 

Vehículos no se pueden entregar a compradores

“Por ley no podemos entregar un carro sin matrícula y concesionario que entregue sin matrícula, será sancionado. En Ecuador se venden entre 11.000 y 12.000 vehículos al mes, pero si pasan los 30 días, habría esa cantidad de autos represados sin poder matricular. Por otro lado, en facturación, esa cifra multiplicada por $22.000 -que cuesta un auto en promedio-, equivale a $242 millones que están allí, que no se van a poder hacer nada. A eso súmele cuánto pierde el Gobierno sin ese IVA, sin ese dinero”, detalla.

Estefanía Briceño, gerente de Operaciones del portal de venta de autos Patiotuerca, manifiesta una situación similar. “La gente nos ha llamado y dice que no puede generar nada de trámites, no pueden comprar ni vender. Hemos visto una caída que afecta tanto al auto usado como al nuevo. Antes publicábamos unos 30.000 anuncios al mes, pero ahora solo vemos unos 5.000 que lograron hacer el trámite”.

Los usuarios, los más afectados

Aunque se alerta sobre las pérdidas económicas, los representantes coinciden en que los ciudadanos comunes son los más afectados y la Federación de Escuelas de Conducción no Profesionales (Fedeconp) también concuerda con ese criterio. 

Paco Urrutia, presidente del gremio, explica que los centros legalmente constituidos no se ven afectados porque en diciembre solicitan a la ANT la autorización para la planificación anual de los cursos de manejo. 

No obstante, estima que habrá “un breve retraso en la autorización de la nómina de alumnos, cuando se pida que la Agencia nos autorice el inicio de esos cursos”, indica.

Percances para continuar con los trámites

La preocupación de los usuarios se acentúa porque necesitan efectuar esos trámites para otras diligencias. Marcela Betancourt cuenta que la semana anterior pagó por el certificado único vehicular (CUV), el cual registra el historial de un automotor. “Cancelé y se supone que debía llegar al correo, pero nada. No puedo vender mi carro y contaba con esa plata para pagar una deuda”, indica. 

Álex Méndez, en cambio, tenía previsto retirar su licencia profesional que caducó. “Dicen que luego avisarán, pero uno pide permiso para hacer estos trámites. No entienden lo complicado que es tratar de no faltar para no perder el trabajo”, lamenta.

Usuarios miran opciones arriesgadas

Castro narra que entre algunos clientes existe desesperación. “Hay gente que ha decidido pedir la devolución del dinero y otros que hasta se han puesto en una actitud desagradable de querer llevarse el carro del concesionario. Hemos tenido que impedirle con seguridad que lo saquen. Ellos tienen razón, pero la ley nos impide”.

En otros casos, se ha visto que la gente opta por alternativas arriesgadas. “Firman un acuerdo entre privados, para que cuando se habilite la ANT, se legalice el traspaso. Existen riesgos, pero dentro de los contratos hay cláusulas que mencionan que si hay algún accidente u otro evento, todo el riesgo corre para el nuevo dueño”, cuenta Briceño. 

Incluso, ya no se puede verificar que los vehículos sean confiables. “Las personas buscan otros medios como mirar los registros de la policía, Registro Civil, pero hay riesgos de autos que no son de confianza”, añade.

Guillermo Abad, representante de Justicia Vial y exdirector de la Agencia de Tránsito en Quito, considera que el Gobierno debería implementar soluciones rápidas. Cree que es la oportunidad para tomar tres medidas: cambiar la plataforma informática para evitar que personas ajenas ingresen al sistema. 

También aconseja emitir resoluciones para reprogramar trámites y disponer amnistías a quienes no han podido efectuar los procesos y, finalmente, insiste en que se permita que la sociedad civil acompañe el cambio con el fin de generar un blindaje para las nuevas autoridades. 

“Las veedurías ciudadanas verificarían que están ligados a la norma, sino vamos a tener el mismo resultado que otras intervenciones que la Fiscalía hizo años atrás, en donde más bien se potencian y fortalecen los grupos que están allí”, acota. 

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