Reforma al Cootad: Lourdes Tibán advierte que “municipios no deben pagar la crisis”
Prefecta de Cotopaxi advierte que cambios presupuestarios afectarían maquinaria, personal rural y programas sociales clave
La propuesta del Gobierno Nacional para reformar el Cootad (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) plantea que municipios y prefecturas reorganizen sus presupuestos para priorizar la inversión en obras. Actualmente, los 222 municipios del país destinan, en promedio, el 37,80 % de sus recursos a inversión, mientras que el 62,20 % se concentra en sueldos y gastos corrientes.
El proyecto de ley económico urgente establece que, de forma progresiva hasta 2029, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto a obras que beneficien directamente a la población, reduciendo el peso del gasto corriente.
En este contexto, la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, expresó en una entrevista en Ecuavisa, su preocupación por los efectos que la reforma tendría en la operatividad de las prefecturas, especialmente en zonas rurales donde la inversión depende de personal, maquinaria y logística permanente.
Reforma al Cootad y el impacto en las prefecturas
“Toda reforma que venga a fortalecer a los gobiernos seccionales es bienvenida, siempre que sea para aumentar recursos y gastar con eficiencia”, señaló Tibán, al referirse a competencias como vialidad rural, riego y fomento productivo en Cotopaxi.
Sin embargo, advirtió que el texto actual de la reforma “viene directamente en desmedro de los gobiernos seccionales”, al proponer recortes en partidas clave como la 71, destinada al pago de trabajadores vinculados a la ejecución de obras.
“Todos vienen por maquinaria, por más volquetas, por más operadores. Pero ¿quién movería la maquinaria si eliminan la partida 71?”, cuestionó la prefecta, al explicar que detrás de cada equipo existen operadores, mecánicos, técnicos, combustible y repuestos.
La advertencia sobre la paralización de obras rurales
Tibán alertó que la eliminación de esa partida paralizaría la operación de 180 máquinas que actualmente trabajan en territorio. “Tengo maquinaria, pero detrás hay personal, viáticos, mantenimiento. Sin eso, las máquinas se paran”, afirmó.
También cuestionó la posible eliminación de la partida 78, que financia el 10 % obligatorio destinado a inversión social. “Programas de desnutrición, mujeres, jóvenes y cultura no son gasto corriente, son inversión social”, sostuvo.
“¿Qué vamos a hacer con Cotopaxi Solidario? ¿Quién va a cubrir esa inversión?”, preguntó, al advertir que estos programas quedarían desfinanciados si se aplica la reforma sin ajustes.
La minga como alternativa para reducir costos
Como propuesta, la prefecta planteó que la minga comunitaria sea adoptada como política pública nacional. “La minga ha abaratado costos y ha terminado con la corrupción porque no hay contratación pública”, aseguró.
Según Tibán, un kilómetro de asfalto que en otros territorios cuesta hasta $400.000, en Cotopaxi se ejecuta por menos de $200.000 gracias al trabajo comunitario. “Yo hago un adoquinado de $370.000 por apenas $120.000”, afirmó.
“La contraparte de la comunidad es la mano de obra, que es lo más caro en un proyecto”, explicó, al defender este modelo de gestión.
Autonomía y retrasos en las transferencias estatales
La prefecta cuestionó que la reforma no considere los retrasos en las transferencias del Ministerio de Finanzas. “¿Cómo vamos a cumplir el 70 % en inversión si los recursos llegan con cuatro o cinco meses de retraso?”, reclamó.
Detalló que actualmente Cotopaxi registra 24 % de gasto corriente y 71 % de inversión, pero que los retrasos afectan la planificación anual. “Nos depositaron en enero lo correspondiente a octubre”, señaló. “Si no nos depositan a tiempo, es imposible ejecutar. No se puede exigir eficiencia sin garantizar los recursos”, agregó.
Riesgo de condicionamiento político
Tibán advirtió que la reforma podría convertirse en un mecanismo de presión política. “Si me molestas, me pongo estricto; si te alineas, te califico”, resumió sobre el posible uso discrecional de la normativa. Defendió su gestión sin distinción partidista. “Trabajo primero con quienes no son de mi partido. En Cotopaxi, la obra no tiene color político”, afirmó. “La política pública debe ser de puertas abiertas. Si se gobierna solo para amigos, el país no cambia”, sostuvo.
Prefecturas, el eslabón más débil del sistema
La prefecta recordó que las prefecturas no recaudan impuestos propios y dependen de las transferencias estatales. “Siempre hemos sido la última rueda del coche”, dijo. Indicó que su administración acumula $13 millones en bonos por retrasos históricos. “¿Cómo puedo ser eficiente si no recibo los recursos completos?”, cuestionó. “Si las provincias están bien, el Gobierno nacional va a estar bien. La plata llega a la ruralidad a través de las prefecturas”, concluyó.
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