Caso Villavicencio debe ser tratado por juez penal de Pichincha, dice Fiscalía
Fiscalía insiste en que caso Villavicencio debe seguir en jueces penales de Pichincha
La fiscal Ana Hidalgo, a cargo de la acusación en el caso conocido como Magnicidio FV, sostuvo que el proceso penal por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio debe continuar bajo la competencia de jueces penales ordinarios de Pichincha y no pasar a una unidad judicial especializada en corrupción y crimen organizado.
La representante de la Fiscalía señaló que está plenamente establecido que la causa corresponde a la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito, en Quito, por tratarse de un delito de asesinato y no de una investigación relacionada con delincuencia organizada.
Esta aclaración se produjo luego de que la jueza Daniela Ayala, quien llevaba el proceso, solicitara a la Fiscalía justificar por qué no había pedido la inhibición de los jueces ordinarios, considerando que se busca vincular a tres presuntos líderes de un grupo delictivo.
La excusa presentada por la jueza
Horas antes de presentar su excusa para continuar en el caso, la jueza Ayala había pedido a la Fiscalía explicar las razones por las que, pese a solicitar la vinculación de personas presuntamente relacionadas con grupos de delincuencia organizada, no se había planteado el traslado del proceso a una judicatura especializada.
Ayala decidió separarse del caso la tarde del miércoles 14 de enero de 2026, luego de señalar que consideraba a Amanda Villavicencio, hija del político asesinado y acusadora particular en el proceso, como “enemiga manifiesta”.
La inquietud de la magistrada surgió a partir de la solicitud de vinculación de Wilmer Chavarría (alias Pipo), Esteban Aguilar (alias Lobo Menor) y Carlos Arboleda (alias Gordo Luis), señalados como cabecillas del grupo criminal Los Lobos, a quienes la Fiscalía investiga como posibles autores intelectuales del crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023.
Audiencia diferida para finales de enero
La diligencia para concretar estas vinculaciones estaba prevista para el 24 de diciembre de 2025. Sin embargo, días antes de su realización, el juez penal de Pichincha Geovanny Freire resolvió diferirla para el 28 de enero de 2026.
Tras retomar el caso luego de una suspensión provisional de 90 días y una sanción administrativa de 30 días sin sueldo, la jueza Ayala argumentó que la posible relación de los nuevos investigados con un grupo de delincuencia organizada constituía un elemento que no había sido considerado previamente.
En su providencia notificada el 14 de enero, la magistrada señaló que este aspecto “sería un nuevo elemento que no fue conocido en la audiencia de formulación de cargos tramitada por ella y tampoco se encontraba en conocimiento de la Corte Provincial en el momento de revocar su providencia de inhibición”.
Por ello dispuso a la fiscal Hidalgo que explique su postura: “Toda vez que resulta fundamental para la determinación de la competencia, dispongo a la fiscal justifique las razones por las que a pesar de solicitar la vinculación de personas presuntamente relacionadas en calidad de líderes de grupos de delincuencia organizada no ha solicitado la inhibición de los jueces ordinarios, a fin de que tales razones puedan ser valoradas en la presente causa o, en su defecto, de cumplirse los requisitos para que la causa pase a conocimiento de jueces especializados, realice la solicitud que en derecho corresponda”.
Fiscalía rechaza traslado a unidad especializada
La jueza Ayala planteó que, si se vinculan personas relacionadas con grupos de delincuencia organizada, el caso debería ser conocido por jueces especializados de la Unidad Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, y no por jueces ordinarios de Pichincha.
Sin embargo, la fiscal Ana Hidalgo respondió que ese criterio no es aplicable al proceso por el asesinato de Villavicencio. Según la Fiscalía, el delito investigado es el de asesinato, una figura penal que no cumple con los requisitos para ser tramitada por una judicatura especializada.
Hidalgo sostuvo que la petición de la jueza vulnera principios procesales y que no corresponde modificar la competencia del caso. Como argumento central, señaló que el delito investigado no forma parte del catálogo de infracciones que deben ser conocidas por jueces anticorrupción.
“Queda totalmente claro para la Fiscalía General del Estado que el conocimiento de la presente causa (...), que se sustancia por el presunto delito de asesinato, es de competencia de uno de los jueces de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del DMQ. Este razonamiento no habría sido necesario si su autoridad (la jueza Daniela Ayala) se hubiese ceñido a lo estipulado por los sujetos procesales y no a los artículos de prensa que, erróneamente, incluso se permiten citar”, señaló la respuesta de la fiscal Hidalgo.
Con este pronunciamiento, la Fiscalía insiste en que el caso Magnicidio FV debe mantenerse en el ámbito de la justicia penal ordinaria, mientras continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad de los presuntos autores intelectuales del crimen.
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