Carlos Alarcón en la Fiscalía: la Corte decidirá si fue legal su designación
Correísmo pide que la Corte declare inconstitucional la elección. Los accionantes alegan que le corresponde al CPCCS
La Revolución Ciudadana presentó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución del Consejo de la Judicatura que nombró al fiscal subrogante en reemplazo de Wilson Toainga, ausente por un viaje oficial a Brasil.
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El 3 de octubre de 2025, el Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió por unanimidad designar a Carlos Leonardo Alarcón Argudo como fiscal general subrogante, en sustitución temporal de Wilson Toainga. Según versiones oficiales, Toainga se ausentó del país entre el 5 y el 10 de octubre para asistir a un evento internacional en Brasil, lo que motivó que el CJ accediera a su licencia temporal.
El encargo de Alarcón, de carácter provisional, se respaldó en informes de la Procuraduría General del Estado, que habrían acreditado la facultad del Consejo para proceder con esta designación en casos de ausencia temporal del titular.
Correísmo pide a la Corte Constitucional declarar inválida la designación
No obstante, la medida fue impugnada. El movimiento Revolución Ciudadana (RC) presentó ante la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad para que se declare inválida la resolución emitida por el Pleno del CJ y se disponga su nulidad e inaplicación.
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La demanda, suscrita por 22 asambleístas encabezados por Juan Andrés González Alvear, sostiene que la Resolución N.º 072-2025 constituye una “violación grave al principio de legalidad, la autonomía institucional de la Fiscalía y la seguridad jurídica”, por haber sido emitida —afirman— por un órgano “manifiestamente incompetente” para realizar tal nombramiento.
El documento, de más de 20 páginas, detalla siete presuntas vulneraciones constitucionales. Entre las principales, los asambleístas argumentan que la resolución viola el artículo 82 de la carta magna, que garantiza el derecho a la seguridad jurídica, al haber sido dictada “sin norma habilitante y fuera de procedimiento”.
Además, el texto sostiene que tras la renuncia definitiva de la exfiscal Diana Salazar en mayo de 2025, el período de Wilson Toainga también habría concluido, “por lo que no cabía una nueva subrogación”. En consecuencia, la designación de Alarcón sería, según los demandantes, un acto sin sustento constitucional.
El recurso pide a la Corte que invalide la decisión del 3 de octubre y restituya lo que el correísmo denomina “el orden jurídico perturbado”. Para la constitucionalista Carolina Calderón, la demanda presentada por la RC “no necesariamente evidencia una vulneración constitucional” y se enmarca dentro de los mecanismos legítimos de control.
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“La bancada lo que ha hecho es activar un recurso legal que permite a cualquier ciudadano solicitar a la Corte que declare la invalidez de una resolución con la que no está de acuerdo. Pero eso no significa que los resultados vayan a ser los que ellos esperan”, explica la experta.
Calderón añade que, en este caso, la actuación del fiscal Alarcón no generaría un impacto negativo en la institucionalidad ni vulneraría la seguridad jurídica, dado que se trata de una subrogación temporal, no de una designación como titular. “El fiscal Alarcón es un funcionario de carrera con más de 20 años en la institución. Él subroga, no reemplaza al fiscal general de manera permanente. Creo que hay una confusión: su rol es transitorio y responde a una ausencia puntual del titular”.
Por su parte, Esteban Paredes alerta que si la Corte declara inconstitucional la resolución, “todo lo actuado por Alarcón podría quedar en entredicho, con implicaciones graves y de magnitud para procesos penales en curso. Por eso el análisis deberá ponderar los efectos prácticos”, subraya.
El paradero de Wilson Toainga
Mientras tanto, Wilson Toainga, fiscal subrogante saliente, viajó a Brasil entre el 5 y el 10 de octubre para participar en un encuentro internacional sobre cooperación judicial.
Aunque su retorno estaba inicialmente previsto para el 10 de octubre, fuentes de la Fiscalía confirmaron que todavía no ha regresado al país. Se espera que retome sus funciones el miércoles 15 de octubre.
La constitucionalista Ximena Rhon aclaró que si la acción de la RC es de protección, “el análisis no es de la Corte Constitucional, sino de los jueces de instancia. Si es un tema de competencias y (según) cómo lo redactaron, lo que puede estarse planteando es un tema de legalidad”.
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