Carlos Alarcón en la Fiscalía: ¿Qué responsabilidad asume el CPCCS?

La reciente designación de Carlos Alarcón como reemplazo del fiscal general (s) Wilson Toainga, en caso de ausencia temporal o definitiva, no solo ha puesto bajo la lupa al Consejo de la Judicatura, sino también al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Y es que la designación de Alarcón nunca debió ocurrir, no solo porque existen agentes de mayor rango en la institución, sino porque el reemplazo de Toainga (quien a su vez subroga a Diana Salazar tras su renuncia al cargo) debió haberse realizado a inicios de abril de 2025, pero no fue así.

Pese al retraso, las autoridades del CPCCS sostienen que el Consejo de la Judicatura era competente para nombrar un subrogante y que no existe demora, pues el concurso para fiscal general (que aún está en la etapa de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección) avanza con normalidad.

CPCCS se deslinda de Alarcón y dice avanzar con al renovación de fiscal general

“No ha habido ningún tipo de retraso en el concurso. Semanalmente tenemos avances tanto en el equipo técnico como en las sesiones del Pleno, donde se aprueban los informes de progreso en la conformación de la Comisión Ciudadana”, indicó a EXPRESO el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni.

Agregó que con la reciente aprobación del informe de admisibilidad de los delegados de las funciones del Estado, todos los postulantes a la Comisión Ciudadana pasarán a la fase de impugnación ciudadana. Aún restan las etapas de méritos y los sorteos de conformación.

Asimismo, las consejeras Johanna Verdezoto y Piedad Cuarán ratificaron la competencia de la Judicatura para designar a un fiscal subrogante y respaldaron las declaraciones de Fantoni, asegurando que cualquier crítica al concurso carece de fundamento, ya que avanza según lo previsto.

La subrogación de Carlos Alarcón es resultado de las demoras del CPCCS

No obstante, desde la opinión pública, varios analistas advierten que esa no puede ser la excusa de los vocales del CPCCS, pues existen concursos (entre ellos el de fiscal general) que debieron haberse resuelto hace tiempo, pero que siguen pendientes, dejando a varias instituciones con autoridades prorrogadas.

“Es un desastre el CPCCS. Es la entidad encargada de elegir a las autoridades de control y no logra concretar un solo concurso serio. Sin lugar a dudas, son los responsables de que hasta el momento no tengamos un fiscal general del Estado nombrado”, señaló el jurista y exasambleísta Héctor Muñoz.

El exlegislador añadió que este atraso tiene un impacto mayor del que se quiere admitir. “Afecta la imagen e institucionalidad de cualquier país no contar con una autoridad tan importante como el fiscal general con un nombramiento definitivo, y en su lugar tener al subrogante del subrogante”.

En la misma línea, el constitucionalista Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK, advirtió que el origen del problema es el mismo: la falta de diligencia del CPCCS para culminar los concursos a tiempo y evitar suspicacias políticas y jurídicas.

“El CPCCS tiene una responsabilidad política, pero también jurídica. No se trata solo del concurso para fiscal general, sino también el del CNE, que nuevamente entra en prórroga, con un proceso de consulta popular en el horizonte”, analizó Ron, quien advirtió que este patrón refleja un acomodo político dentro de la institución.

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