Lo que Mishel Mancheno no le pide al nuevo fiscal general

Este lunes 6 de octubre de 2025 se vieron las imágenes de la asambleísta de gobierno y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, llegando hasta la Fiscalía acompañada de algunos de sus colegas para pedir que se inicie una investigación en contra de Marlon Vargas, presidente de la Conaie, por haber amenazado con tomarse Quito. Ahí se la veía a Mancheno flanqueada por el asambleísta Andrés Castillo y Nataly Morillo y seguida por algunos más, entre los que sobresalía por su gallardía y talante, Esteban “Baby” Torres.

Tiene razón la señora Mancheno: una aparente amenaza terrorista debe ser investigada y, de ser el caso, sancionada conforme a la ley. El gesto de Mancheno es plausible. Mucho más, sin embargo, si aprovechaba su visita a la Fiscalía donde ahora hay un fiscal de confianza (Carlos Alarcón) para que inicie investigaciones de otros temas que son tan importantes para el país. Por ejemplo, podía haberle pedido a Carlos Alarcón que investigue el origen de los fondos con los que un compañero alterno suyo, Luis Alvarado Campi, invirtió la nada despreciable suma de 2,6 millones de dólares en la compra de un medio de comunicación y un portal digital de creación de contenidos. Porque así, sin explicación alguna sobre el origen de esos fondos, la gente empieza a especular.

Silencio sobre los temas importantes

Pero había un motivo adicional por el que Mancheno tenía que haber llevado a la Fiscalía la inquietud sobre la compra de esa radio y del portal digital afines al Gobierno, si se considera que la flamante y boyante empresa de Alvarado Campi, Galamedios (ahora dueña de las dos empresas) es gerenciada por su suegro Víctor Eduardo Guivernau Escobedo. Faltaba más: Mancheno debería evitar que la maldad que se agazapa en medios y redes sociales manche la respetabilidad de su familia política, aún más tratándose de su suegro que ahora tiene un empleo que debe ser bien pago: gerenciar una empresa que compró por 2,6 millones de dólares dos empresas, debe ser pagado con un buen sueldo.

Había que pensar en la respetabilidad del suegro, señora Mancheno y pedir que se investigue el origen de esos fondos para que la gente no vaya por ahí diciendo mentiras malintencionadas. Por ahí hay medios que sostienen que solo hay dos alternativas para que Alvarado Campi haya conseguido el dinero: o alguien se lo prestó con todas las formalidades de la ley o utilizó dineros públicos, una posibilidad que hay que descartar urgentemente porque sería gravísimo: configuraría peculado, un delito que jamás prescribe. Que se sepa la verdad, debió haberle dicho a Alarcón en la Fiscalía, no sea que se hable más de un presunto caso de lavado o enriquecimiento ilícito o, de una figura igualmente grave, como el que sucedió durante el gobierno de Correa cuando un empresario guatemalteco compró un diario de Quito para hacer negocios de publicidad con el gobierno.

Mancheno debía aprovechar su visita a la Fiscalía, además, para hacer otros pedidos de investigación. Por ejemplo, las necesarias para que no se piense mal sobre las recientes marchas a favor de su presidente, Daniel Noboa. O de esas dos que hubo en contra de la Corte Constitucional: una en Quito y otra en Guayaquil. “Señor fiscal”, debió haberle dicho, “por favor investigue cómo se pagaron los buses, con qué dinero se hicieron las vallas en las que se mostraba como a criminales a los jueces constitucionales, quién financió los sánduches para los marchantes, quién dio día libre a los patriotas burócratas que asistieron para que nadie ose pensar en que se desviaron fondos públicos porque, Dios nos libre, eso es peculado”. Así, Mancheno hubiera enmendado ese espantoso silencio de la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, que no quiere decir cómo se financiaron las marchas y que insiste en algo que, evidentemente es mentira: que “alguien lo hizo” sin decir quién ni cómo. O que evita responder cerrando sus ruedas de prensa cuando el periodista de EXPRESO quiere preguntarle sobre esos temas, como ocurrió hace poco en Latacunga.

Mancheno podía también aprovechar su paso por la Fiscalía para decirle al fiscal que no permita que hayan dudas sobre la honorabilidad de Santiago Noboa, hermano del presidente, a quien el correísmo denunció con documentos en mano que se dedica a la venta irregular de combustibles.

Y qué decir sobre las suspicacias que hay sobre cómo la familia Noboa afirmó en un comunicado haber pagado su deuda de 96 millones con el SRI en seis meses. Ese tema, sin duda, también merecía que Mancheno se lo comunique al fiscal o que, durante su visita, envié un mensaje al SRI para que aclare sobre el pago de esa deuda, porque la familia no fue prolija en su comunicado: dice que ha pagado todo pero no detalla con documentos cómo y cuando.

Mancheno debió haber aprovechado su visita a la Fiscalía para que con investigaciones se logre extirpar de la conversación la idea de que el gobierno calla frente a muchos temas que circulan cuando, por su lado, lanza acusaciones sin sustento en contra de otras empresas. Que se sepa finalmente la honorabilidad del gobierno en lo de la compra de dos empresas por parte de Alvarado Campi, en lo de las marchas, en lo del pago al SRI de la familia Noboa y en lo de infundada denuncia sobre ventas irregulares de combustibles de Santiago Noboa. Eso debía haber hecho Mishel Mancheno. ¿Lo habrá hecho? Las posibilidades de que haya desaprovechado la oportunidad son cercanas al 100%.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ