Noboa en Guayaquil: ¿Por qué "hacer base" no es un traslado de sede oficial?
¿Qué implica "hacer base"? Abogados explican por qué el despliegue de Noboa en Guayaquil es operativo y no un cambio de sede
El anuncio del presidente Daniel Noboa de que el Gobierno Nacional trabajará durante varias semanas desde Guayaquil no implica, por ahora, un traslado oficial de la sede del Ejecutivo. Hasta el momento no se ha emitido ningún decreto ejecutivo que disponga formalmente el cambio de sede, requisito legal necesario para que el Gobierno opere oficialmente desde otra ciudad distinta a la establecida.
El mandatario explicó que la decisión responde a la necesidad de coordinar acciones directamente desde territorio y acelerar la ejecución de proyectos sociales, de seguridad y vivienda en el puerto principal. En ese contexto, el Ejecutivo instalará equipos y autoridades en la ciudad para trabajar de manera operativa, lo que se ha descrito como “hacer base” en Guayaquil durante varias semanas.
La distinción jurídica: "Hacer base" vs. Traslado de sede
Para profundizar en las implicaciones de este movimiento, la abogada y maestrante en política y economía internacional, Hanne Blusztein, explica que existe una diferencia sustancial entre la estrategia política y la categoría jurídica. Según Blusztein, el concepto de "hacer base" no tiene un asidero legal estricto.
"Hablar de hacer base en una ciudad no constituye una categoría jurídica, sino es más bien un anuncio político operativo, una decisión política en que el gobierno va a desplegar operaciones de manera temporal".
En este sentido, la experta señala que, al no ser una categoría jurídica, no se requiere de un decreto ejecutivo. La situación formal no varía: "la sede del gobierno constitucionalmente, formalmente sigue estando en Quito, únicamente se están trasladando ciertas las coordinaciones y ciertos equipos para que de manera temporal trabajen desde un punto específico".
El respaldo constitucional de la "desconcentración" operativa
Para el abogado especialista en derecho constitucional, Francisco Ycaza, el movimiento del presidente no es una improvisación, sino que encuentra su sustento en el marco legal vigente. Ycaza señala que esta acción operativa se apoya en el artículo 227 de la Constitución, el cual establece el principio de desconcentración de la administración pública.
"Es una forma de acercar a la población la administración pública en situaciones en las que necesiten que responda de manera más directa y cercana", añade.
Asimismo, el jurista añade que el artículo 147 otorga al Ejecutivo las atribuciones para tomar las decisiones pertinentes que permitan cumplir con su plan de gobierno y las necesidades de la población. Bajo este enfoque, "hacer base" se define como parte de una agenda presidencial y una disposición administrativa que no altera el domicilio legal del Gobierno, el cual "se mantiene aún en Quito".
Diferencias sustanciales: El impacto en los procesos judiciales
Una de las distinciones más críticas entre ambas figuras radica en sus consecuencias legales para el ciudadano. Mientras que "hacer base" es un tema netamente operativo para acercar servicios, un traslado de sede mediante decreto ejecutivo altera directamente los procesos administrativos y judiciales.
"Si hablamos de un traslado de sede, esto afecta directamente a los procesos administrativos o los judiciales; por ejemplo, si un ciudadano desea demandar al Estado, la diligencia debe realizarse en la ciudad donde se encuentre la sede oficial, que actualmente es Quito".
Ycaza explica que el traslado de sede requiere obligatoriamente un decreto para hacerse efectivo, como ocurrió anteriormente por motivos de la pandemia de COVID-19 o durante paralizaciones nacionales. A diferencia de "hacer base", que suele fundamentarse en cuestiones de semanas, el traslado de sede tiene un plazo definido por el decreto o se mantiene hasta que otro decreto disponga lo contrario.
Síntesis jurídica: Entre la operatividad política y la rigidez constitucional
La presencia del Ejecutivo en Guayaquil, bajo la figura de "hacer base", representa una estrategia de gestión en territorio que, según los expertos, no altera la arquitectura legal del Estado. Mientras Hanne Blusztein enfatiza que esta decisión es un "anuncio político operativo" y no una categoría jurídica , Francisco Ycaza sostiene que la medida tiene un asidero constitucional en el principio de desconcentración administrativa. Ambos coinciden en que, mientras no se emita un decreto ejecutivo de traslado de sede, la capital administrativa y el domicilio legal de las instituciones permanecen en Quito.
La diferencia sustancial radica en el alcance de la medida. Un traslado de sede oficial no solo requeriría una justificación excepcional y un decreto formal , sino que impactaría directamente en la seguridad jurídica del país, afectando desde la jurisdicción de las demandas contra el Estado hasta los tiempos procesales administrativos. En contraste, la estancia actual en el Puerto Principal se perfila como una intervención técnica y temporal , diseñada para "acercar servicios" y responder a necesidades locales urgentes sin desmantelar la sede constitucional del poder.
