¿Por qué Noboa declaró nuevo estado de excepción a dos semanas de la consulta?
El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción a solo dos semanas de la consulta popular
Este 4 de noviembre de 2025, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 202, declarando un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en cinco provincias y tres cantones. La medida tendrá una vigencia de 60 días y busca, según el Gobierno, contener el accionar de grupos criminales organizados que disputan el control territorial en la Costa y parte de la Sierra.
Según el constitucionalista Otto Pérez, la decisión no puede analizarse únicamente desde la óptica de la seguridad. También debe leerse en clave política: “La declaratoria ocurre tras una protesta social en la que se estigmatizó al movimiento indígena y a la sociedad civil organizada, etiquetándolos como ‘terroristas’. Esto puede interpretarse como un intento de crear un enemigo interno que justifique medidas excepcionales y condicione el proceso constituyente que se decidirá en la consulta”.
Violencia, protestas y antecedentes
El Decreto Ejecutivo 202 declaró el estado de excepción en Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena y Los Ríos, además de los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar). El Gobierno argumentó que estas zonas concentran disputas entre bandas criminales, con asesinatos, extorsiones y atentados que han desbordado la capacidad de la Policía.
El politólogo José Luis Morales, magíster en Políticas Públicas por FLACSO, recuerda que esta no es una medida novedosa: “El gobierno de Guillermo Lasso ya había implementado múltiples estados de excepción para frenar el avance del crimen organizado. Lo que vemos ahora es más bien un intento desesperado por controlar la violencia en zonas rojas donde se concentran homicidios intencionales, filtración de información y articulación del crimen organizado”.
Morales añade que la novedad radica en el momento político: la declaratoria ocurre en plena campaña de la consulta popular, cuyo eje más disruptivo es la pregunta sobre la Asamblea Constituyente.
Riesgos de instrumentalizar la seguridad
Para Otto Pérez, el problema no es solo jurídico, sino democrático. “El estado de excepción, en teoría, se aplica cuando el régimen ordinario no puede resolver una crisis. Pero su uso recurrente revela incapacidad estatal y, en este caso, puede convertirse en una carta abierta para reprimir la disidencia legítima”, advierte.
La preocupación central es que la medida se utilice para militarizar la seguridad interna y limitar la protesta social en vísperas de la consulta. Pérez recuerda que, según el artículo 188 de la Constitución, la seguridad ciudadana es competencia de la Policía Nacional, mientras que las Fuerzas Armadas están entrenadas para neutralizar amenazas con fuerza letal. “Trasladar esa lógica al ámbito interno puede derivar en violaciones graves a los derechos humanos”, subraya.
Morales coincide en que la medida refleja una fragilidad en la política de seguridad: “Estamos cerrando el año con cifras de homicidios intencionales más altas que en 2024. Eso cuestiona la eficacia del plan de seguridad del Gobierno. El estado de excepción aparece como un recurso para limpiar la imagen y mostrar que se está haciendo algo, aunque en la práctica no cambie la lógica de la lucha contra el crimen organizado”.
Estrategia política y percepción ciudadana
Según los expertos, más que un trasfondo de seguridad tiene un trasfondo político. Morales sostiene que el estado de excepción también busca reforzar la imagen del Gobierno en un momento clave: “A pesar de los problemas, la intención de voto a favor de la consulta se mantiene mayoritaria. Declarar un estado de excepción no parece afectar negativamente esa percepción; al contrario, proyecta la idea de un Gobierno que lucha contra el crimen organizado”.
En esa línea, el politólogo anticipa que el Ejecutivo intentará mostrar resultados concretos durante este periodo: incautación de drogas, decomiso de bienes ilícitos o captura de cabecillas criminales. “El estado de excepción se convierte en un escenario para reforzar la narrativa de eficacia, aunque en el fondo hable más de la debilidad del Estado para enfrentar la violencia en condiciones normales”.
Pérez, en cambio, alerta sobre los riesgos democráticos: “La instrumentalización del estado de excepción no solo busca contener la violencia, sino también influir en el proceso político. El riesgo es que se normalice la excepcionalidad y se erosione el Estado Constitucional de Derechos y Justicia”.
Noboa declaró el nuevo estado de excepción por la violencia real del crimen organizado, pero también en un contexto político-electoral donde la consulta popular definirá reformas estructurales.
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