“No vamos a negociar ni retroceder” ante protestas y actos violentos dice Jaramillo

Durante su rueda de prensa habitual de los lunes, Carolina Jaramillo, vocera de la Presidencia de la República, abordó de forma directa la situación generada por las movilizaciones sociales en varias provincias del país, especialmente en Imbabura, donde se reportó la muerte de un manifestante, el secuestro de 17 militares y el controversial traslado de detenidos a la cárcel de Esmeraldas.

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Jaramillo enfatizó la posición firme del Gobierno de Daniel Noboa frente a las protestas: “No vamos a negociar y no vamos a retroceder”, declaró, al sostener que las decisiones actuales buscan beneficiar directamente a los sectores más vulnerables del país, sin intermediarios ni clientelismos.

Ataque al convoy humanitario y traslado de detenidos generan tensión

Jaramillo condenó lo que denominó “actos terroristas disfrazados de protesta”, refiriéndose al ataque al convoy humanitario en Cotacachi, que terminó con un saldo de 17 militares secuestrados y un manifestante fallecido. Al ser cuestionada sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos militares, fue enfática: “Cualquier exceso será investigado por los órganos competentes. No es mi opinión lo que importa”.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a un ciudadano aparentemente moribundo, acompañado de otra persona que intentaba auxiliarlo, siendo golpeados por militares. Consultada sobre este video, Jaramillo evitó emitir un juicio personal y enfatizó la necesidad de un análisis institucional.

“Hay violencia de lado y lado, y eso debe ser juzgado por las autoridades. También han sido agredidos militares. Este Gobierno actúa con transparencia y responsabilidad”, afirmó.

Detenidos trasladados a Esmeraldas bajo cargos de terrorismo

Uno de los temas más polémicos de la jornada fue el traslado de varios detenidos en Otavalo a la cárcel de Esmeraldas, un centro que recientemente fue escenario de un amotinamiento con 17 fallecidos. Las personas fueron aprehendidas bajo el presunto delito de terrorismo, pese a no tener antecedentes penales.

Jaramillo defendió la decisión, indicando que la responsabilidad del traslado recae en el SNAI (Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad). “No hay ninguna disposición legal que impida que una persona sea trasladada a cualquier centro penitenciario del país. Si se considera que los actos cometidos son terrorismo, eso debe determinarlo la justicia”, explicó.

También evitó confirmar si los detenidos pertenecen a grupos armados organizados, pero insistió en que las manifestaciones han sido infiltradas por sectores violentos que buscan desestabilizar al país.

La rueda de prensa también se tornó tensa cuando el periodista Galo Arrellano, cuestiono la ausencia pública del presidente Noboa ante los últimos hechos de violencia. Arellano mencionó que el mandatario “nunca da la cara” en momentos de crisis, como cuando se reportaron menores calcinados o durante la reciente escalada del conflicto social.

Jaramillo respondió tajantemente: “Estamos aquí precisamente haciendo un ejercicio de comunicación. Este es el espacio institucional del Gobierno y no se trata de opiniones personales, sino de hechos”.

Agregó que el presidente Noboa prefiere estar en territorio antes que, en los medios, y que su presencia en el convoy que ingresó a Imbabura con ayuda humanitaria es prueba de su compromiso con los sectores más afectados.

Beneficios sociales y redistribución de subsidios

La vocera también destacó los avances en materia social como resultado de la reorientación de los subsidios al diésel, ahora focalizados. Según cifras oficiales, más de 83.000 familias han recibido el bono Raíces, de las cuales 1.803 pertenecen a Imbabura. Asimismo, se han entregado 140 tractores, 39 de ellos a mujeres jefas de hogar, un dato que, según Jaramillo, refleja “una transformación social sin precedentes”.

Sobre los transportistas, el Gobierno ha desembolsado 10.5 millones de dólares en compensaciones, y 865 beneficiarios están en Imbabura. En cuanto a los efectos inmediatos del retiro de subsidios al diésel, se registran reducciones del consumo de hasta un 25% en provincias como Carchi, Imbabura, El Oro, Chimborazo y Manabí. Jaramillo sostuvo que estas cifras evidencian que los subsidios estaban siendo desviados al contrabando y al uso indebido.

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