La nueva “edad del ICE”: por qué los estados no pueden frenar sus operativos
Análisis: ¿Pueden los estados de EE. UU. frenar a ICE si no están de acuerdo con sus operativos? La respuesta corta es no
“Somos una especie en viaje”, canta Jorge Drexler. Somos movimiento, tránsito, mezcla. La humanidad nunca fue estática; migrar no es una excepción, es parte de nuestra historia biológica y cultural. Nadie es completamente de aquí ni completamente de allá. En fin, como decía mi abuela: “todos tenemos algo de inga y de mandinga”.
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Tal vez por eso resulta tan doloroso ver cómo, en pleno siglo XXI, a un niño ecuatoriano de cinco años —tan nuestro como de cualquier parte del mundo— lo detienen agentes federales del ahora ultratemido y famoso ICE en Minneapolis, mientras regresaba de la escuela con su padre mientras esta terrible escena era vista, entre lágrimas y gritos por su madre desde la ventana de su casa.
¿Por qué una sigla que suena fría se ha convertido en símbolo de tensión social?
ICE —el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas— es una agencia federal creada en 2003, en el clima de temor y obsesión por la seguridad que siguió a los atentados del 11 de septiembre. Nació dentro del nuevo Departamento de Seguridad Nacional y heredó funciones dispersas para hacer cumplir las leyes migratorias dentro del territorio estadounidense. No es la Patrulla Fronteriza, que vigila físicamente las fronteras. Atrás quedó la época en la que hablábamos únicamente del muro fronterizo; hoy ICE actúa en ciudades, vecindarios y lugares de trabajo con un ejército de 20 mil agentes.
Pero, para entender el debate actual, hay que responder una pregunta clave: ¿pueden los estados de EE. UU. frenar a ICE si no están de acuerdo con sus operativos? La respuesta corta es no. La Constitución estadounidense otorga al gobierno federal la autoridad exclusiva sobre la política migratoria. Eso significa que ningún gobernador puede prohibir que ICE actúe en su territorio ni cancelar una operación federal, por más “latino” o “demócrata” que sea.
Sin embargo, la autonomía estatal sí busca la manera de colar su política por la rendija del sistema. Varios estados y ciudades han adoptado políticas conocidas como “santuarios”, que limitan la cooperación de sus policías locales con las autoridades migratorias. Un ejemplo emblemático es la ley California Senate Bill 54, conocida como California Values Act, que restringe el uso de recursos estatales para apoyar directamente a ICE, aunque no impide que la agencia actúe por su cuenta. Es decir, pueden dificultar la logística, pero no bloquear la autoridad federal.
ICE no necesita autorización de un estado
Esta tensión —entre supremacía federal y autonomía local— explica por qué operativos masivos pueden continuar incluso cuando gobernadores o alcaldes expresan su rechazo. ICE no necesita autorización de un estado para actuar; depende del gobierno federal, de las prioridades fijadas por la Casa Blanca y del presupuesto aprobado por el Congreso. Aún así, el Congreso puede imponer límites, condicionar fondos, exigir cámaras corporales, auditorías y mayor supervisión. Los tribunales federales también pueden intervenir cuando se alegan abusos.
Ese contexto institucional es clave para entender por qué el tema dejó de ser un asunto doméstico y se volvió un debate mundial. The Economist habló de la “America’s new ICE age”, un juego de palabras entre la nueva era del ICE y una “edad de hielo”. Incluso llegó a calificar —muy al estilo de tabloide inglés— al ICE como un “ejército paramilitar” por el enfoque migratorio actual no solo busca aplicar la ley, sino hacerlo de manera visible, contundente, incluso intimidante.
En Minneapolis, esa “edad del ICE” empezó de forma brutal. Durante operativos masivos, agentes federales mataron a tiros a una ciudadana estadounidense en un procedimiento que luego fue cuestionado por autoridades locales. Días después, otro ciudadano estadounidense murió tras disparos de agentes federales en medio de protestas. Dos muertes que sacudieron al país y encendieron manifestaciones en varias ciudades, llevando el debate hasta el Congreso, en un país que siente la brecha social abrirse cada día más.
Lo que comenzó como política migratoria —necesaria, ya que todo país tiene derecho a controlar su flujo migratorio— se convirtió en una discusión sobre derechos civiles, poder federal y confianza pública.
Hoy, ICE se ha vuelto símbolo de una era más dura, más visible y más confrontacional. Una edad del hielo que creó un muro que divide familias, ciudades, mentes y corazones en el complejo tejido social del coloso del norte que lucha contra otras potencias y por qué no... contra sí misma.
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