Allanamiento a la sede de correísmo desata denuncias de persecución y abuso de poder

La madrugada de este sábado 28 de febrero del 2026, dirigentes y militantes de la Revolución Ciudadana (RC) denunciaron un operativo policial en la sede del movimiento político, generando una inmediata ola de reacciones en redes sociales. 

(Te invitamos a leer: Fiscalía confirmó que allanamiento a sede del correísmo es por el caso Caja Chica)

La primera alerta pública provino de Gabriela Rivadeneira, quien aseguró que existe un “despliegue de operativos y recursos policiales para continuar hostigando a una fuerza política, mientras que en la calle la ciudadanía clama por seguridad y respuestas judiciales a miles de denuncias de homicidios, violaciones, extorsión, secuestros, en el país más violento e inseguro del continente.”

A este pronunciamiento se sumó la excandidata presidencial Luisa González, quien denunció la forma en la que se notificó el operativo a su familia: “Felicitaciones Fiscalía, ustedes cada vez buscan la manera de superarse. Llamar a las 05:45 am a mi madre para decirle que van a allanar la sede de la Revolución Ciudadana y que quieren a alguien presente para no hacerlo de manera violenta es seguirse superando.”

González cuestionó directamente al fiscal Alarcón, a quien calificó de tener “nula cualificación moral e intelectual”, y criticó que “no respetan a la familia, a una persona adulta mayor como mi madre". También añadió además: “Anda y allana el Puerto de DP World concesionado a los Noboa, de donde sale la droga según el caso Blasti, entre tantos otros. Aquí te dejo unas ideas.”

Un malestar en las filas de la Revolución Ciudadana 

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, también se pronunció señalando una contradicción entre prioridades estatales: “Mientras el país exige respuestas frente a la violencia y el crimen, se despliega la fuerza pública para allanar la sede de la mayor fuerza de oposición democrática del Ecuador. La prioridad debe ser combatir el crimen y proteger a la gente, no perseguir adversarios políticos. En democracia, el poder no se usa para intimidar, sino para garantizar derechos y seguridad.”

(Te puede interesar: El trabajo del CNE está bajo la mira por el caso Caja Chica)

A su vez, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, criticó lo que llamó un uso político del sistema judicial: “Nuevamente la ‘justicia’ se presta para los fines políticos del poder de turno, buscando distraer la mirada de la ciudadanía frente a las graves denuncias que golpean su gestión. Mientras el país se hunde en inseguridad y abandono, la gente no vive de escándalos, necesita autoridades que resuelvan sus problemas. Pero seguimos soportando una guerra judicial absurda. ¡Ya basta!”

El dirigente Raúl Chávez alertó sobre un deterioro democrático: “Se van llevando lo poco que queda de democracia en nuestra cara. Allanan, encarcelan y persiguen para que nadie se atreva a plantarles oposición. Si no reaccionamos ya, será demasiado tarde. Lograrán lo que quieren: que el miedo nos calle.”

Finalmente, la legisladora Viviana Veloz calificó lo sucedido como “política del miedo”: “Daniel Noboa usa el aparato del Estado para intimidar, silenciar y castigar a quien se le oponga. Pero se equivoca si cree que todos vamos a arrodillarnos. Estamos listos para resistir.”

Veloz cuestionó al fiscal Alarcón con tres preguntas directas sobre supuestos casos no investigados, y advirtió: “Están reduciendo al país a escombros. O nos unimos más allá de miedos y divisiones, o perderemos no solo el presente, sino la memoria misma de lo que fue un Estado.”

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ