El trabajo del CNE está bajo la mira por el caso Caja Chica
Expertos critican el control ineficaz del CNE y piden acciones para evitar uso de dinero ilícito en campañas
Un nuevo período electoral arrancó en Ecuador. El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la declaratoria del inicio del proceso para los comicios seccionales de 2027, en el que el país elegirá a los alcaldes, prefectos y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
No obstante, existe preocupación sobre la organización y desarrollo de las nuevas elecciones, mientras está en curso una investigación en la Fiscalía por el caso Caja Chica, en el cual se investiga el supuesto empleo de dinero posiblemente ilícito de Venezuela para financiar la campaña política de la Revolución Ciudadana (RC), en el proceso electoral de 2023.
Si bien existe una indagación, desde distintos sectores se ha cuestionado el rol del CNE en este escenario. Se critica el control deficiente por parte del organismo electoral, lo que abona a un escenario propicio para las anomalías por parte de los representantes y dirigentes de los movimientos y partidos políticos.
Recomendaciones de expertos para el CNE en la investigación del caso Caja Chica
Carlos Aguinaga
Por ello, los especialistas sugieren desarrollar varias diligencias en torno al caso. Carlos Aguinaga, expresidente del antiguo Tribunal Supremo Electoral (TSE, actual CNE), dice que mientras el Ministerio Público avanza en la indagación, el CNE, presidido por Diana Atamaint, debería iniciar una investigación y detalla una serie de acciones: armar un expediente del caso, ir a la Fiscalía, revisar los elementos previos y presentar una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por “la utilización de aportes ilícitos en una campaña que no tienen nada que ver, actualmente en el TCE, porque lo que allí se juzgan son los dineros depositados en las cuentas o la no presentación de esas cuentas. Este es un hecho nuevo porque dicen que hubo dineros de Venezuela para financiar una campaña. Son investigaciones para poder determinar el uso de este tipo de recursos, que está absolutamente prohibido en el Código de la Democracia”, explica.
El experto electoral, Alfredo Espinosa, recuerda que el CNE es el responsable de controlar y verificar el origen y destino de los recursos usados para una campaña. Sin embargo, aunque tiene esa responsabilidad, -señala- su labor es ineficaz. “Es un control post mortem, escueto, una especie de ‘check list’. Pero la situación actual, marcada por la penetración del narcotráfico, hace que este mecanismo quede obsoleto”.
Ante esa situación, Espinosa considera que la Función Electoral “debe tener la voluntad política para controlar la presencia del dinero ilícito, designar a fiscales electorales en territorio para que ellos den fe de la campaña que se realiza y fortalecer la Unidad Antilavado del CNE, con funcionarios independientes y especialistas como los de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe)”.
Falta de control en campañas y recomendaciones internacionales
Alfredo Espinosa
La subjefa de la Misión Electoral de la UIDE, Ariel Merino, coincide en que falta control para verificar el flujo del dinero en las campañas. Menciona que, en las últimas elecciones, tanto su delegación como otros observadores internacionales hablaron de esa falencia. De allí que recomienda al CNE, “establecer mecanismos, destinar fondos y enfatizar a las organizaciones políticas que deben cumplir con la presentación de los informes del uso de los recursos. Es necesario que exista un pronunciamiento que permita mitigar esa permisividad porque no es una falta de normativa, sino la falta de aplicación de la misma”.
Aunque el factor común en estos puntos de vista atañe el CNE, los especialistas también señalan que existen otras instituciones que deberían activarse con otras diligencias.
Por una parte, consideran que la Contraloría General del Estado tendría que iniciar un proceso de control a las cuentas de las organizaciones políticas. Además, “el TCE debería activarse y solicitar que se hagan auditorías y fiscalizaciones; con el CNE deberían trabajar de forma articulada y cohesionada para la escalada de otras instituciones”, observa Merino.
Cooperación institucional y posibles sanciones
“La autoridad electoral puede pedir la colaboración de Fiscalía, a la UAFE, información del sistema bancario para ver si se produjo, en qué monto se produjo y quiénes colaboraron para que el TCE juzgue una infracción electoral, que puede generar sanciones pecuniarias o sanción de autoridades electas”, detalla Aguinaga.
Además, el Servicio de Rentas Internas (SRI) podría analizar si hubo o no evasión tributaria, indica Espinosa. “Y en caso de que llegue a comprobarse que las afirmaciones de Santiago Díaz son ciertas, podrían investigarse posibles delitos penales como lavado de activos, delincuencia organizada, asociación ilícita, evasión tributaria, peculado y corrupción.
Finalmente, a nivel político, tanto Espinosa como Aguinaga creen que, incluso la Asamblea Nacional podría iniciar un proceso de fiscalización. Pero hasta el momento, la Comisión de Fiscalización, presidida por la oficialista Diana Jácome, solo envió un pedido de información al CNE. Sin embargo, no ha hecho públicos esos documentos.
