Muertes y abandono de reos en Ecuador activan pedidos de protección internacional
Pese a medidas cautelares de la CIDH y fallos locales, el centro carcelario suma más de 500 muertes en un año
La Penitenciaría del Litoral, el centro de reclusión más grande y violento del país, vuelve a colocarse en el foco del escrutinio nacional e internacional. Pese a que el 30 de diciembre de 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad, y a que un juez de Guayaquil había concedido previamente una acción de protección parcial, las muertes dentro del penal continúan acumulándose sin respuestas claras por parte del Estado.
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Las medidas dictadas por la CIDH se sustentan en un diagnóstico contundente: el penal enfrenta una situación de gravedad y urgencia, con riesgos inmediatos para la vida y la salud de sus casi 7.500 internos, cifra que casi duplica su capacidad original de 4.000 personas.
Inspecciones judiciales, informes de la Defensoría del Pueblo y evaluaciones médicas coinciden en describir un escenario crítico: hacinamiento extremo, infraestructura deteriorada, atención médica insuficiente, brotes masivos de tuberculosis, desnutrición, falta de agua potable. Estas condiciones han derivado en centenares de muertes, muchas de ellas sin explicación precisa.
Los muertos en celdas: un foco de enfermedad en aumento
El defensor de derechos humanos Fernando Bastías, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), resume la gravedad de lo que ocurre: “Los cadáveres pueden permanecer días en las celdas. Eso genera nuevos focos de enfermedad. Lo que ocurre en la Penitenciaría del Litoral es una masacre carcelaria latente, perpetrada por el Estado”.
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La advertencia se sostiene en cifras alarmantes: solo en 2025 se registraron más de 500 muertes vinculadas a tuberculosis y otras enfermedades, además de asesinatos y fallecimientos catalogados como “por determinar”.
Para un epidemiólogo especializado en entornos carcelarios, que solicita mantener su nombre en reserva por razones de seguridad, los brotes de tuberculosis son un síntoma del colapso total del sistema. “Cuando un centro penitenciario tiene más casos de tuberculosis que un hospital regional, no es un problema de salud, sino de abandono estructural”, sostiene.
La CIDH ha verificado que no existen áreas adecuadas de aislamiento, que los tratamientos son insuficientes y que muchos internos enfermos duermen en pasillos o directamente en el piso.
La criminóloga guayaquileña Ana Villegas coincide en que el Estado ha perdido control efectivo sobre el penal. “Pueden dictar medidas judiciales, pero no sirven si no existe capacidad operativa para ejecutarlas. La Penitenciaría funciona bajo lógicas internas que el Estado no controla”.
A su juicio, la combinación de hacinamiento, presencia de bandas delictivas, infraestructura colapsada y personal insuficiente vuelve inviable cualquier garantía real de seguridad o dignidad dentro del centro.
Pese a esta doble protección judicial, tanto interna como internacional, las condiciones descritas por los especialistas continúan sin cambios sustanciales. Los expertos señalan que el Estado no cuenta con la capacidad logística para aplicar las medidas ordenadas: ni para garantizar atención médica inmediata, ni para reducir el hacinamiento, ni para investigar las muertes.
La CIDH, además, ha advertido que el Estado no entrega información completa y desagregada sobre las causas de los fallecimientos, lo que dificulta evaluar si existe algún avance real. El organismo internacional ha solicitado una visita in situ, acceso garantizado a agua potable, alimentos, atención médica y una reducción urgente del hacinamiento. Todas estas acciones requieren una amplia coordinación interinstitucional y, sobre todo, voluntad política.
El abogado penalista Diego Paredes plantea la reflexión de fondo que atraviesa esta crisis: “La pregunta no es por qué se muere la gente con doble protección judicial. La pregunta es por qué seguimos aceptando que las cárceles operen fuera del (control del) Estado”.
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