Ley de los GAD: Comisión aprobó informe con cambio para inicio del control del gasto
El aliado de ADN y excorreísta Sergio Peña mocionó que el control tras la vigencia de la ley inicie en diciembre 2026
El informe para primer debate de la Ley de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) quedó listo. La tarde de este 12 de febrero de 2026, la Comisión de Desarrollo Económico, controlada por ADN, aprobó el documento para que pase al Pleno.
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La sesión se instaló finalmente pasadas las 13:00, luego de que, en primera instancia, fue convocada para las 08:00 de este jueves. Hubo retrasos en la instalación e incluso se registró la presencia del secretario jurídico de la Presidencia de la República, Enrique Herrería, en la Asamblea.
Según se pudo conocer, el objetivo fue ajustar los cambios necesarios para tratar el documento en la Comisión. Antes de la sesión, el único cambio confirmado era la exclusión de las juntas parroquiales del alcance de la ley.
¿Qué pasó durante la sesión?
Una vez instalada la reunión de manera virtual, no se detallaron los cambios al texto original remitido por el Ejecutivo. Se leyó directamente la moción de aprobación del informe. Sin embargo, el aliado de ADN y excorreísta Sergio Peña mocionó que se incorpore una modificación.
El planteamiento se relacionó con el momento de aplicación de la regla fiscal que obliga a los GAD a destinar el 70 % de los recursos asignados a inversión y el 30 % restante a gasto corriente, es decir, sueldos.
La disposición transitoria quedó de la siguiente manera: “Para el año 2026, el seguimiento al cumplimiento de la regla de asignación se lo hará a partir del 1 de diciembre de 2026, verificando que se cumpla con, al menos el 65%, desde el 1 de junio del mismo año”.
Además, para el año 2027, en atención al criterio de gradualidad, se cumplirá con al menos el 68 %; y para el ejercicio fiscal 2028 y subsiguientes, el 70 %.
ADN defendió la aprobación del informe. Señaló que su elaboración contó con la participación del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales e indicó que, con base en esa comparecencia, se excluyó a ese nivel de gobierno de la normativa.
La posición del correísmo
La asambleísta Mabel Méndez cuestionó el proyecto. Señaló que la iniciativa pone en riesgo la prestación de servicios por parte de los GAD. Además, recordó que los municipios y prefecturas cuentan con autonomía política, administrativa y financiera para el ejercicio de sus funciones. Agregó que el debate no ha sido lo suficientemente amplio.
A esa intervención en la sesión se sumó una marcha que recorrió calles del centro norte de Quito hasta la Asamblea Nacional este 12 de febrero de 2026. Estuvo encabezada por la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el alcalde de Quito, Pabel Muñoz; y legisladores de la bancada correísta.
“Se ve afectada la obra pública y es es un impacto para la economía. Por cada dólar que invierte el Gobierno Nacional, los subnacionales invertimos tres veces más”, dijo la prefecta de Pichincha. También advirtió que la normativa afectaría a los servicios sociales. En ese contexto, pidió al Legislativo archivar la iniciativa.
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