Juntas parroquiales de Pichincha alertan por reforma: “la autonomía está en riesgo”

Andrei Iza Romero, presidente de Conagopare (Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador) Pichincha, cuestionó públicamente el proyecto de ley económico urgente del Ejecutivo que reforma el régimen de los gobiernos autónomos descentralizados, durante un pronunciamiento dirigido a autoridades parroquiales del país. El dirigente advirtió que la propuesta, enviada como ley económica urgente, afecta la autonomía y la descentralización que ampara a los gobiernos parroquiales rurales. Sus observaciones se centran en el impacto presupuestario y operativo que tendría la iniciativa. El llamado fue directo a mantenerse informados y en alerta.

Iza recordó que fue elegido como representante ante el Consejo Nacional de Competencias, entidad que regula y planifica las competencias a nivel nacional. Desde ese rol, señaló que la reforma pone en riesgo funciones esenciales del sistema de descentralización. “Autonomía y descentralización que hoy está en riesgo”, afirmó al referirse a los cambios planteados al COTAD. El dirigente insistió en que el debate no es político, sino territorial.

El presidente de Conagopare Pichincha calificó la propuesta como “reformas inconstitucionales, irracionales e incluso inhumanas”, al explicar que la regla fiscal obligaría a recortar partidas clave. Citó como ejemplo la 73.06, usada para contratar estudios y servicios técnicos especializados. Según dijo, cumplir esa exigencia implicaría eliminar programas que sostienen la gestión local. El ajuste, advirtió, no distingue realidades rurales.

Reforma al COTAD y servicios sociales en riesgo

Iza alertó que en esas partidas se financia la atención a grupos vulnerables, como personas con discapacidad, adultos mayores, niños de los CDI y escuelas deportivas. “Ponen en riesgo la estabilidad laboral del personal operativo y de apoyo administrativo”, sostuvo. Mencionó a choferes, operadores de maquinaria y personal de servicios generales como parte de la estructura parroquial afectada. El recorte tendría efectos inmediatos en el territorio.

Otro punto crítico es la partida 78, vinculada a transferencias y donaciones de prefecturas y municipios. Según el dirigente, bajo la nueva normativa los gobiernos parroquiales no podrían recibir esos recursos ni ejecutar presupuestos participativos. “También están en riesgo, siendo obra pública”, advirtió. La preocupación se extiende a proyectos que hoy se ejecutan en cogestión.

Iza cuestionó además que se mantenga la partida 73.02.05 para espectáculos públicos, mientras otras quedarían condicionadas. A su juicio, la amenaza va más allá del discurso sobre despilfarro. Si no se cumple la regla fiscal, dijo, se reducirían transferencias constitucionales. Los ingresos permanentes y no permanentes bajarían, lo que significaría “aproximadamente 57,2 millones de dólares menos” para los gobiernos parroquiales a nivel nacional.

Llamado a la ruralidad frente al proyecto del Ejecutivo

Con ese escenario, el dirigente hizo un llamado a la unidad de la ruralidad. “Mantengámonos unidos, informados y vigilantes”, expresó. También pidió rechazar la propuesta y pronunciarse desde cada territorio. El mensaje cerró con una consigna clara: defender la autonomía y la descentralización como pilares del desarrollo local.

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