Las razones detrás de la suspensión de Daniela Ayala, jueza del caso Villavicencio
En manejo del caso Villavicencio se ha visto lleno de incidentes desde el primer día
El Consejo de la Judicatura (CJ) ratificó, por unanimidad, la suspensión por 30 días sin goce de remuneración de la jueza María Daniela Ayala Álvarez, quien estaba al frente del proceso penal por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio (caso Magnicidio FV). La decisión, adoptada el 12 de diciembre, impide que la magistrada retome la conducción de la causa mientras se define una investigación disciplinaria en su contra.
Las razones detrás de la sanción
La sanción fue dictada tras analizar una denuncia formulada por el entonces fiscal general subrogante, Wilson Toainga, por presuntas faltas disciplinarias relacionadas con la conducción de audiencias procesales en el caso Villavicencio.
El CJ considera que Ayala habría incurrido en conductas contrarias al derecho y a la función judicial durante la audiencia de formulación de cargos del 3 de septiembre de 2025. En esa diligencia, la jueza realizó comentarios personales contra la fiscal del caso, Ana Hidalgo, cuestionando su capacidad profesional y acusando a la Fiscalía de actuar con motivaciones políticas, afirmaciones que, según el informe disciplinario, trascendieron el rol imparcial que debe mantener un juez.
En concreto, el documento sancionatorio señala frases de Ayala como: “La Fiscalía no puede realizar alegaciones basadas en supuestos y conjeturas… no es un brazo ejecutor del político de turno”, comentarios que, según el CJ, proyectan dudas injustificadas sobre la institución fiscal y cuestionan la idoneidad profesional de su representante.
El pleno del CJ determinó que estas expresiones, reunidas con otros gestos durante la audiencia, constituyen una agresión verbal impropia y una desestimación de los límites de la función judicial, lo que vulnera las normas de conducta establecidas en los artículos 107 y 108 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
Repercusiones en la investigación del caso Villavicencio
La suspensión de Ayala tiene efectos directos en la marcha del caso Magnicidio FV, que investiga a varios de los procesados por el asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, entre ellos el exministro José Serrano, el prófugo Xavier Jordán, el exasambleísta Ronny Aleaga y el condenado Daniel Salcedo.
Durante la ausencia de Ayala, la causa fue asumida por la jueza Luz María Ortiz, quien modificó decisiones anteriores de Ayala respecto a las medidas cautelares: mientras Ayala había impuesto presentaciones periódicas a Serrano y Jordán, Ortiz ordenó prisión preventiva.
Adicionalmente, estaba prevista para el 26 de diciembre una audiencia para la vinculación de tres cabecillas del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, lo cual no pudo concretarse recientemente debido a la ausencia de defensa legal de uno de los imputados. Reacciones y tensiones institucionales
Reacciones tras la suspensión
La defensa de las hijas de Villavicencio, Patricio Rosero, ha manifestado preocupación por un posible retorno de Ayala a la causa, y anunció que podrían recusarla si vuelve a conocer la causa, alegando “casualidades” en el avance de la instrucción fiscal.
Por otro lado, sectores del ámbito jurídico y de la sociedad civil han expresado inquietudes sobre la independencia judicial, alertando que sanciones en casos de alto perfil pueden ser percibidas como presión indirecta sobre jueces que toman decisiones técnicas que no coinciden con las posiciones de fiscalía u otras autoridades. Esta tensión se enmarca en un contexto más amplio en que la independencia de jueces ha sido reclamada por observadores tanto nacionales como internacionales en otros casos.
Además, Ayala enfrenta una solicitud de declaratoria jurisdiccional previa por una denuncia interpuesta en su contra por el ministro del Interior, John Reimberg, por actuaciones como jueza en el caso Villavicencio, lo que añadiría otra capa de disputa legal sobre su actuación judicial.
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