La sombra del Pollo Carvajal se cierne sobre el caso Caja Chica | Por Martín Pallares

Si no fuera porque el fiscal Carlos Alarcón está bajo sospecha de ser un operador político que trabaja para darle gusto al Gobierno y perseguir a sus adversarios, el caso Caja Chica habría tenido un impacto muchísimo mayor en la opinión pública. Si bien es obvio que hubo una importante entrada de dinero desde la Venezuela de Chávez y de Maduro para las campañas electorales del correísmo (un delito grave), también es cierto que existen más elementos para probar su cometimiento.

(NO TE PIERDAS: Correa reaccionó a versión de Díaz en caso Caja Chica: ¿Qué dijo?)

Uno de esos factores es el que llega desde Washington. Allí, la administración Trump ha estado dedicada a seguir la ruta del dinero del chavismo para el funcionamiento de movimientos políticos, no solo en Hispanoamérica, sino también en países europeos como España e Italia. Y el interés de Washington en el financiamiento venezolano a partidos políticos de la región tiene una relación importante con las investigaciones que se desarrollan en Ecuador y que han sido denominadas como caso Caja Chica, en el que se allanaron domicilios y oficinas de altos dirigentes del correísmo, como Luisa González, excandidata presidencial y expresidenta del movimiento.

El rol del "Pollo" Carvajal

De acuerdo con un reportaje del prestigioso periodista colombiano Mauricio Vargas, publicado en el diario El Tiempo de Bogotá, el caso Caja Chica se sostiene muy probablemente en información que está llegando desde Estados Unidos. Washington tiene, sostiene Vargas, un interés particular en el caso de Rafael Correa, ya que el exdirigente chavista Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, quien está preso en Estados Unidos desde mediados de 2023 (fue extraditado desde España) por delitos federales relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y armas, ha declarado sobre los envíos de dinero a Ecuador.

Es más, las investigaciones sobre estos financiamientos se han activado con la nueva administración de la Casa Blanca y, por lo que se sabe, El Pollo sigue entregando información sobre el tema. Incluso ha ofrecido revelar nuevos datos en 2026. Oficialmente se sabe que Carvajal ya ha dicho que, a mediados de la primera década del siglo, Hugo Chávez decidió financiar a Correa cuando era candidato, tan pronto supo que, de llegar al poder, el ecuatoriano estaba decidido a terminar con la presencia de la base estadounidense de Manta, que era un centro de vigilancia y operaciones antinarcóticos de la DEA y de los militares de EE. UU. en la región.

De acuerdo con la investigación de Vargas, Correa cumplió la promesa, algo que no solo fue festejado por Chávez, sino también por las FARC y otras bandas dedicadas al narcotráfico. De ahí que, dice el periodista, tanto el Departamento de Estado (que ahora dirige Marco Rubio) como la DEA y los fiscales estadounidenses estén muy interesados en cruzar la información de Carvajal con la de otros implicados, como Santiago Díaz, el asambleísta correísta que está preso por la violación de una menor de edad.

Díaz, quien fue colaborador cercano de Rafael Correa y manejaba su seguridad personal, aseguró hace poco en Quito que había recibido instrucciones del expresidente para ir a Venezuela y traer dinero para las campañas electorales. “Yo trasladé, por disposición del presidente (Rafael) Correa, dinero desde Venezuela a Ecuador”, dijo Díaz, quien fue llevado el viernes 30 de enero de 2026 desde la Cárcel 4 hasta la Fiscalía para rendir declaración en el marco del caso Caja Chica.

Ruta del dinero del régimen chavista bajo la lupa

De acuerdo con Vargas, el objetivo de la justicia de Estados Unidos es hacerse una idea clara de la ruta del dinero y de todos los que participaron, actividades que para Washington constituyen respaldos a narcoterroristas, como lo demuestra lo ocurrido con la base de Manta. Igual interés despierta cualquier información de Carvajal que sea posible cotejar con otras fuentes sobre dineros que hubiesen llegado a las campañas del presidente colombiano Gustavo Petro desde mediados de la primera década del siglo.

A finales de octubre, en una audiencia en el Senado en Washington, Marshall Billingslea, subsecretario del Tesoro para el combate de la financiación del terrorismo durante la primera administración Trump (2017-2021), expresó su convicción sobre el ingreso de fondos del régimen chavista a la campaña petrista de 2022. “Es dinero venezolano corrupto y sucio el que financió la campaña de Petro”, afirmó sin ambages.

No hay que olvidar, sostiene el periodista colombiano, que los testimonios de Carvajal sirvieron para acusar a Maduro de liderar una organización de narcotráfico y justificar así su captura hace un mes en Caracas y su traslado a una cárcel de Nueva York. Pero a juzgar por la forma en que el Departamento de Estado de Rubio y los fiscales del Departamento de Justicia se interesan en seguir todas las huellas del dinero chavista en las campañas políticas de la región, es fácil concluir que el objetivo político de Washington trasciende las fronteras de Venezuela y abarca a otros líderes regionales que usaron plata de Caracas para hacerse elegir.

El problema con las declaraciones de Santiago Díaz es que, tal como se han producido, carecen de credibilidad. Para empezar, porque las hizo durante una audiencia relacionada con el delito por el cual está siendo procesado y no por el tema de su supuesta participación en el ingreso de dinero sucio desde Venezuela, aunque luego se informó que estaba colaborando en ese caso. Pero el principal problema es que cualquier acción de la Fiscalía en contra de un grupo político adversario del Gobierno (en especial el correísmo) pierde credibilidad. Cuando eso ocurre, las víctimas hablan de justicia selectiva y, a la luz de la falta de voluntad para investigar casos que afectan al Gobierno, ese argumento se vuelve inmediatamente verosímil.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!