Ley urgente sobre vivienda social pasó el primer debate entre pugnas políticas

La Ley de Régimen Tributario para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social, enviada como económica urgente por el Ejecutivo, superó el primer debate en el Pleno de la Asamblea. La discusión estuvo marcada por enfrentamientos entre el correísmo y el oficialismo.

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Por segundo día consecutivo, el Parlamento se reunió en Cuenca (Azuay). Allí, el oficialista Álex Morán presentó el informe para el primer debate y señaló que más de 700.000 familias no tienen vivienda.

En ese contexto, el legislador explicó que el proyecto tiene como finalidad establecer un beneficio tributario a cambio de la entrega de viviendas de interés social al Estado, mediante una reducción en el Impuesto a la Renta.

“Esta reforma propone convertir la política tributaria en una herramienta social. Permite que los contribuyentes donen viviendas de interés social para acceder a una rebaja del Impuesto a la Renta equivalente al 100% del valor donado con un límite del 30% del impuesto causado”, señaló Morán.

Revolución Ciudadana presentó sus reparos

Según el asambleísta Diego Salas, el proyecto prioriza a los donantes de las viviendas por encima de los beneficiarios, al contemplar incentivos tributarios sin reglas suficientemente claras. Con base en la reducción planteada, Salas dijo: “el beneficiario inmediato no es la familia sino el contribuyente que tiene suficiente utilidad e impuesto para pagar menos al Estado”.

Asimismo, el legislador Luis Molina (RC) señaló que ya se han otorgado beneficios al mismo sector mediante otras leyes. Recordó que en la Comisión de Gobiernos Autónomos se tramita actualmente una reforma al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (COOTAD) con la que se podría restar competencias a los municipios. 

Vinculó ambas iniciativas al advertir que se otorgaría a la Superintendencia de Uso de Suelo la facultad de aprobar la expansión urbana en zonas rurales de los cantones. En ese marco, sostuvo que la propuesta también podría beneficiar al sector inmobiliario.

Ante esos cuestionamientos, las respuestas llegaron desde el oficialismo con las intervenciones de los legisladores Eckkener Recalde y Ana Belén Tapia. El primero dijo que “vienen a cuestionar y n a proponer. Vienen a poner el dedo y decir narcogobierno o narcoestado”. Asimismo, Tapia cuestionó que el correísmo se oponga a la normativa, al señalar que en la Amazonía se concentra el mayor porcentaje de personas sin vivienda propia.

Tras el primer debate, la normativa regresó a la Comisión de Desarrollo Económico. Esa mesa podrá tomar en cuenta las observaciones realizadas durante la discusión y elaborar un nuevo informe para el debate definitivo. El oficialismo requiere 77 votos para su aprobación.

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