Ley del sistema penitenciario se aprobó; RC llevó caso Aquiles Álvarez al Pleno
La normativa plantea la reclasificación de los presos; Revolución Ciudadana dijo que la normativa tenía dedicatoria
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario este 17 de marzo de 2026. Durante el segundo debate de la iniciativa, el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se trasladó al hemiciclo.
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La situación de Álvarez fue abordada por la legisladora del correísmo Jahiren Noriega. Señaló que, si bien el oficialismo planteó como principal cambio que los reclusos trabajen para solventar sus necesidades, también existen modificaciones orientadas a afectar a adversarios políticos.
“El verdadero objetivo es una dedicatoria en contra del alcalde de Guayaquil”, dijo Noriega. Explicó, como lo hizo el 16 de marzo de 2026 en su cuenta de X, que la normativa elimina la disposición de que las personas con prisión preventiva sean ubicadas cerca de su juez natural.
El mismo argumento fue expuesto por su coideario Fernando Cedeño. Afirmó que el cambio afecta el principio de cercanía familiar y calificó ese elemento de la ley como una revancha política.
La respuesta del oficialismo llegó desde el vicepresidente de la Comisión de Seguridad —mesa encargada del trámite de la ley—, Andrés Castillo. Cuestionó la posición del correísmo y explicó que uno de los cambios en la normativa se relaciona con la clasificación de las personas privadas de libertad.
Hizo una distinción entre reclusos, quienes han cometido delitos graves y son considerados de alta peligrosidad, y presos, sancionados por delitos de menor gravedad.
En ese contexto, se refirió a la prisión preventiva. Señaló que, como medida de última ratio, se aplica, entre otras razones, cuando se ha incumplido una medida alternativa, como el uso de grillete. Añadió que, en esos casos, también deberá considerarse la reclasificación de las personas privadas de libertad.
Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado con 84 votos, provenientes de la mayoría oficialista y sus aliados. El correísmo votó en contra y se registraron dos abstenciones en el Pleno.
Principales cambios de la normativa
La asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, expuso los principales cambios de la norma aprobada. Indicó que el objetivo es que el Estado retome el control de las cárceles para evitar que se conviertan en centros de operaciones de bandas delictivas.
- Creación de un subsistema de inteligencia penitenciaria.
- Medidas para cubrir el déficit de guías penitenciarios. Para ello, se habilita la participación temporal de policías y militares en servicio pasivo en el sistema penitenciario.
- Fortalecimiento de la capacitación y formación de los guías, junto con la rotación obligatoria del personal.
- Implementación del trabajo de los reclusos para cubrir sus necesidades básicas.
- Clasificación de las personas privadas de libertad según su peligrosidad y su jerarquía dentro de organizaciones delictivas.
Después de la aprobación de la normativa en la Asamblea, el proyecto pasa al Ejecutivo. El presidente Daniel Noboa tiene la posibilidad de vetarlo o enviarlo directamente al Registro Oficial para su vigencia.
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