La pugna con Ecuador-Colombia otorgaría “carta blanca” a grupos criminales

Un panorama poco alentador para la lucha contra los grupos criminales transnacionales observan los expertos frente al impasse entre Ecuador y Colombia. La tensión se generó después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decidiera imponer una tasa de seguridad del 30 % a los productos colombianos “hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera”, indicó el 21 de enero.

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Luego, el Gobierno comenzó a aplicar el arancel desde el 1 de febrero. Colombia respondió con la suspensión de la venta de energía eléctrica y con el anuncio de un impuesto recíproco a las exportaciones ecuatorianas, además de una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Más allá de las retaliaciones a nivel comercial, se considera que este distanciamiento político le pasará factura al país y podría truncar las operaciones de seguridad ecuatorianas. Un escenario similar se estimaba cuando Ecuador rompió sus relaciones diplomáticas con México por la incursión de la Fuerza Pública en la Embajada mexicana en Quito, el 5 de abril de 2024. En ese entonces, Colombia condenó el hecho, pero el trabajo conjunto se mantuvo, aunque con recelo.

Los posibles efectos de la disputa diplomática

La organización InSight Crime, que elabora análisis de riesgos por el crimen organizado y la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe, alertó sobre los posibles efectos de esta disputa diplomática. Señala que podría favorecer al contrabando y mermaría “la capacidad de los Estados para enfrentar los desafíos de seguridad”.

Pese a que se habla de repercusiones negativas, el exsecretario de Seguridad, Wagner Bravo, apoya la medida ya que considera que no existe preocupación del lado colombiano por controlar la línea de frontera ni por erradicar las plantaciones de coca. “Se tenía que hacer presión, hemos llegado a poner el problema a nivel de Estados Unidos y hemos logrado que esté preocupado”, afirma.

El general explica que Colombia “tiene fuerzas de tarea móviles, que van, actúan y vuelven a salir; mientras que Ecuador mantiene destacamentos militares. Desde allí se ve que integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se pasean en el territorio vecino”.

Si bien el exfuncionario menciona esas diferencias, descarta el riesgo de que se reduzcan las acciones contra los grupos criminales. “No creo que vayan a disminuir porque el presidente Gustavo Petro quiere que EE. UU. le dé la certificación de que está haciendo un buen trabajo contra el narcotráfico, que es un problema mundial. Posiblemente no vaya a haber mejor coordinación entre Colombia y Ecuador, pero ese país tendrá que tomar acciones y demostrar al mundo que está actuando. Creo que se ha logrado el objetivo que quería el presidente Noboa, de involucrarle a ese país porque es corresponsable del problema del narcotráfico”, indica.

Podrían proliferar economías criminales

No obstante, especialistas en relaciones internacionales discrepan con ese criterio. “Se está dando carta abierta a que en la frontera proliferen economías informales que no existían antes, el tema del contrabando va a crecer. Además, si los estados no están allí con un patrullaje colaborativo, dan carta blanca para que opere una serie de grupos irregulares de minería ilegal, narcotráfico y trata de personas”, sostiene Santiago Carranco, coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales (Irlab) de la UIDE.

El catedrático y exsubsecretario de seguridad, Fredy Rivera, coincide con ese punto de vista. Cree que las actuales medidas “vulneran las condiciones ya graves que tenía el Ecuador respecto a la interdependencia por una frontera común, en donde solo está habilitado el paso de Rumichaca, mientras que los informales están totalmente operativos. Se fomenta el contrabando, el narcotráfico y afecta la producción”.

Según Rivera, la situación incidirá en las operaciones conjuntas. “No tendremos cooperación para el flujo de información de inteligencia criminal, se ha minimizado y habrá un impacto negativo en los operativos antinarcóticos, patrullajes de frontera, Combifron (Comisión Binacional Fronteriza), las cartas de seguridad de Fuerzas Armadas están al mínimo. La medida es contraproducente debido a la torpeza con la que ha actuado el Gobierno”, opina.

Carranco dice que la política y la economía están muy unidas. “Los efectos se verán a mediano plazo, en unos tres o seis meses. No se están tomando las decisiones de forma técnica. ¿Por qué poner aranceles a Colombia va a mejorar el tema de seguridad?, cuestiona.

Ambos lamentan que la situación haya escalado e impacte de manera significativa no solo a las economías formales sino también a nivel social. Esto porque si los productores no logran vender, ellos dejarán de contratar personas, quienes, a su vez, podrían verse motivados a ingresar y colaborar con grupos criminales para subsistir.  

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