La intervención a GRANASA genera rechazo en la Asamblea Nacional
El oficialismo, por su lado, evita pronunciarse sobre la acción de la Superintendencia de Compañías
La intervención de GRANASA, casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, por parte de las Superintendencia de Compañías, genera rechazo en las bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC). El oficialismo, por su lado, evita pronunciarse.
PSC alerta de atentado a la libertad de expresión
Desde el Partido Social Cristiano (PSC), el asambleísta Alfredo Serrano, condenó la intervención de GRANASA y alertó de una violación de derechos. "Es condenable. Es un atentado contra la libertad de expresión. Creemos que es coartar la libertad de los ecuatorianos. Esto solo es el inicio, vendrán más".
RC habla de un golpe a la democracia
Por su lado, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina, señaló que las consecuencias de la acción de la Superintendencia de Compañías serán mucho más graves: "hay que defender la libertad de expresión. Este tipo de acciones, lo único que hacen es disminuir la calidad de la democracia y del estado de Derecho".
ADN guarda silencio ante intervención de GRANASA
A diferencia del PSC y la RC, la bancada oficialista de ADN prefirió guardar silencio al ser consultada por la intervención a GRANASA. "No tengo ningún comentario, ningún pronunciamiento", respondió la oficialista Valentina Centeno y abandonó la rueda de prensa previo al segundo y definitivo debate de las reformas al Cootad.
Claves de la intervención a GRANASA
La empresa Gráficos Nacionales (Granasa), editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, fue intervenida el 18 de febrero de 2026 por la Superintendencia de Compañías, tras un pedido de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar). La entidad estatal sostiene que, al ser titular del 2,56 % de las acciones —actualmente en litigio—, tenía derecho a solicitar información societaria y financiera a la compañía.
La administración de Granasa se negó a entregar parte de esos datos al considerarlos reservados y argumentó que la ley permite limitar el acceso cuando exista riesgo para los intereses de la empresa o uso con fines extrasociales. Tras esa negativa, Inmobiliar acudió al organismo de control, que resolvió disponer la intervención y designar a una interventora para supervisar la marcha económica y financiera de la firma.
Desde la defensa de Granasa se sostiene que la medida forma parte de un proceso de presión vinculado a la postura crítica de los medios, mientras que el alcance legal de la intervención —según la normativa vigente— se limita a la vigilancia administrativa y no implica control sobre la línea editorial.
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