Intervención a GRANASA desata alertas por presión a la prensa independiente

La intervención de Gráficos Nacionales (GRANASA), empresa editora de los diarios Diario EXPRESO y Diario EXTRA, por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha generado fuertes reacciones en la ciudadanía ecuatoriana. En redes sociales y espacios de opinión, distintos actores han cuestionado la medida y la han interpretado como una decisión que trasciende lo administrativo y se proyecta sobre el ámbito político y mediático.

El exministro de Gobierno y exasambleísta Henry Cucalón expresó su “respaldo irrestricto a diario Expreso” y advirtió que la intervención apuntaría a ejercer presión sobre Granasa mediante el control societario. Según su lectura, este mecanismo buscaría condicionar la línea editorial del medio y enviar un mensaje al resto de la prensa.

“Ya que no pudieron doblegar su línea editorial e informativa, disfrazan su persecución de intervención para incidir en su opinión y contenidos”, afirmó. A su juicio, la medida constituye “un ataque directo a la libertad de expresión y comunicación, a la libertad de empresa, a la propiedad privada y a la democracia misma”, por lo que insistió en que el hecho debe ser observado con preocupación.

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El origen de la intervención

La intervención de GRANASA se produce después de que la empresa se negara a entregar información por fuera de lo que, en su calidad de accionista —independientemente de su participación— puede solicitarse dentro del marco de la Ley de Compañías. La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), ahora adscrita a la Presidencia de la República del Ecuador, remitió el 27 de enero de 2026 un oficio en el que requirió 25 puntos de información, argumentando su condición de accionista con el 2,56 % de participación.

Sin embargo, el artículo 15 de la Ley de Compañías faculta a no entregar información societaria cuando “existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales”. En ese contexto, Galo Martínez Leisker, presidente ejecutivo y gerente general de Granasa, ha sostenido que, tras las actuaciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que —según ha afirmado— “ha emprendido una campaña agresiva de difamación” contra la empresa, resulta objetivamente evidente que la información solicitada por Inmobiliar “podría utilizarse para fines extra sociales”.

Alertas desde el ámbito jurídico

A criterio del abogado Julio César Cueva, especialista en Derecho Penal, Constitucional, Procesal y Litigación Oral, la intervención “constituye un hecho gravísimo que debe encender todas las alarmas en el Ecuador”. En su análisis, lo ocurrido trasciende el ámbito estrictamente administrativo y plantea implicaciones de mayor alcance institucional.

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Para Cueva, esta acción no puede leerse únicamente como un procedimiento técnico o societario, sino como una señal de advertencia. “No se trata solo de un trámite administrativo, sino de un mensaje de poder: nadie está a salvo si se atreve a incomodar al poder”, afirma.

Estas acciones, para el jurista Cueva, marcan una secuencia que —según advirtió— suele repetirse en procesos de deterioro democrático. “Así empiezan todas las dictaduras. No llegan de golpe. Se construyen paso a paso. Primero se desacredita. Luego se presiona. Después se interviene. Finalmente, se silencia”, sostiene, al señalar que el caso debe analizarse en una dimensión política e institucional más amplia.

Comparaciones regionales

Con esa lectura coincide el abogado Gonzalo Muñoz, experto en Derecho Constitucional y Administrativo, quien afirmó que lo que ocurre con GRANASA guarda similitudes con antecedentes regionales. En particular, menciona el caso de Radio Caracas Televisión, durante el gobierno de Hugo Chávez, y sostuvo que la situación “debe ser un escándalo, inclusive a nivel internacional”.

Además, Juan Carlos Calderón, exeditor general de EXPRESO y director del portal digital Plan V, sostuvo que, a través de una intimidación permanente, el régimen de Daniel Noboa buscaría periodistas domesticados, es decir, comunicadores que terminen actuando como propagandistas del poder. A su criterio, este escenario se enmarca en una relación cada vez más tensa entre el Gobierno y ciertos medios de comunicación.

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El periodista agregó que esa tendencia también se reflejaría en acciones recientes que, según señaló, implican censura a la prensa por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Para Calderón, estas decisiones deben analizarse en conjunto, ya que —afirmó— configuran un patrón de presión sobre el ejercicio periodístico.

La respuesta desde el periodismo

No obstante, para el periodista, estas acciones impositivas del régimen “han demostrado ser una pérdida de tiempo”, pues —afirmó— la prensa independiente mantendrá su carácter crítico y su ejercicio profesional aun en escenarios adversos. En esa línea, sostuvo que el periodismo seguirá siendo libre y continuará realizando su labor en las condiciones que se le presenten.

Por ello, Calderón calificó la intervención en GRANASA como una acción repudiable y condenable desde todo punto de vista. A su juicio, la medida refuerza la percepción de presión sobre los medios y vuelve a poner en debate el estado de las garantías para el ejercicio periodístico en el país.

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