Intervienen a GRANASA, editora de EXPRESO y EXTRA, por pedido de Inmobiliar
La Presidencia de la República, a través de Inmobiliar, propicia la intervención del organismo de control
Gráficos Nacionales (GRANASA), empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, está intervenida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Con una resolución, con fecha 18 de febrero del 2026, la institución de control, encabezada por Luis Cabezas-Klaere, utiliza la negativa de Granasa a entregar información a la que no tiene derecho según la ley la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), ahora adscrita a la Presidencia de la República, aduciendo una calidad de accionista del 2,56 % cuya propiedad, es importante precisar, atraviesa un proceso legal.
Defensa legal cuestiona la medida
Nino Cassanello, abogado de Carlos Martínez Bruno, director de EXPRESO y accionista que disputa la pertenencia de dicho porcentaje, explicó que los derechos de Martínez Bruno fueron violentados porque no fue escuchado como comprador de buena fe.
“Hemos pedido que se revoque la providencia del juez. Que nos escuchen en audiencia porque se está conculcando el derecho a la propiedad. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara que no se puede usar una acción de protección para atacar derechos. Bajo esa premisa hemos pedido al juez que nos escuche. Nos ha rechazado la revocatoria, una petición de audiencia, pedimos una revocatoria a ese rechazo y ante la negativa hemos presentado un recurso de apelación que no nos ha despachado. Estamos en ese punto muerto. A larga se pretende devolverle a la entidad sin escuchar al comprador de buena fe que es Carlos Martínez Bruno”.
Argumentos sobre la entrega de información
La Superintendencia de Compañías acoge el argumento de Inmobiliar, de que la negativa a la entrega de información supuestamente viola sus derechos, para intervenirla. GRANASA, en varias cartas publicadas en la edición impresa y digital, ha dejado clara su posición de respeto al marco legal de la Ley de Compañías. Pese a que Inmobiliar invoca el artículo 15 de dicha norma legal, ese mismo apartado precisa una salvedad para el acceso a la información a la que la institución pública quiere acceder. “(…) salvo que existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse (la información solicitada) para fines extra sociales o su publicidad perjudique los intereses de la compañía. (…)” .
Información solicitada y advertencias de la empresa
Entre la información solicitada por Inmobiliar está proporcionar el “detalle de asesores legales mantenidos por el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022, 2023, 2024 y 2025, el que debe incluir una matriz de los casos atendidos por ellos, indicando cuales se encuentran cerrados o vigentes a la fecha actual”. Esto a criterio de GRANASA, es desconocer el derecho de la reserva entre cliente y abogado. Además, es pública la posición crítica de Diario EXPRESO frente a la gestión del presidente Daniel Noboa, cabeza de la Función Ejecutiva de la que depende Inmobiliar, por lo que existen serios riesgos de que la información solicitada puede ser utilizada de manera poco objetiva y en detrimento de los intereses de la empresa y de sus accionistas.
Este riesgo toma relevancia con los otros intentos infructuosos de menoscabar la integridad y credibilidad de GRANASA a través del Servicio de Rentas Internas y de la Fiscalía General del Estado, con acusaciones sin sustento sobre supuesta defraudación tributaria y lavado de activos que se quedan sin piso. Pero nada de esto, ni la intervención de la Superintendencia de Compañías, podrá doblegar la independencia de la línea editorial e informativa de EXPRESO y EXTRA.
