¿Qué sucede en GRANASA? Claves de la intervención a la editora de EXPRESO y EXTRA

Gráficos Nacionales (Granasa), editora de Diario Expreso y Diario Extra, fue intervenida el 18 de febrero de 2026 tras un pedido de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dirigida por Luis Cabezas-Klaere.

¿Por qué Inmobiliar pidió la intervención?

Inmobiliar, entidad adscrita a la Presidencia y dirigida por Cynthia Gellibert, presidenta de ADN, alega ser propietaria del 2,56 % de las acciones de Granasa, un porcentaje que actualmente está en disputa judicial.

Ese paquete accionario pertenecía a los hermanos Isaías, cuyos bienes fueron incautados por el Estado. Posteriormente, cuando recuperaron sus propiedades por orden judicial, vendieron esas acciones a Carlos Martínez Bruno, actual director de Expreso.

Sin embargo, desde el 23 de enero de 2026, por orden de un juez, ese 2,56 % quedó en poder de Inmobiliar. Con base en esa participación, el 27 de enero solicitó información considerada sensible por la empresa, como el detalle de asesores legales entre 2022 y 2025, incluyendo matriz de casos cerrados y vigentes, así como datos sobre contratos, proveedores, clientes, suscriptores y roles de pago.

¿Puede negarse esa información a un accionista minoritario?

Eduardo Carmigniani, abogado de Granasa, sostiene que se trata de información comercialmente reservada. Argumenta que el artículo 15 de la Ley de Compañías permite negar el acceso cuando existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse con fines “extrasociales”.

Añade que la administración puede limitar la entrega de información cuando existe riesgo para los intereses de la compañía y que solo accionistas con más del 50 % de participación podrían exigir cierto nivel de acceso.

También señala que Inmobiliar pertenece a la Función Ejecutiva, la cual administra otros medios de comunicación, lo que configura una situación en la que el accionista es, al mismo tiempo, competidor, pues tiene TC Televisión.

Tras la negativa de Granasa, el 12 de febrero Inmobiliar acudió a la Superintendencia de Compañías, que después del feriado de Carnaval, el 18 de febrero, dispuso la intervención y designó como interventora a Elizabeth del Pilar Jiménez Franco, quien deberá presentar informes mensuales.

¿Qué pasó con las investigaciones del caso canillitas?

Carmigniani recuerda que en 2025 circularon en cuentas trolls y portales afines al gobierno referencias a un supuesto informe del Servicio de Rentas Internas, entonces dirigido por Damián Larco, que hablaba de una presunta defraudación tributaria, documento que no fue notificado formalmente a la empresa.

Posteriormente, un parte policial motivó la apertura de una investigación en la Fiscalía General del Estado por supuesta defraudación tributaria. Luego, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), dirigida por José Julio Neira, emitió un informe sobre un presunto lavado de activos.

Según la defensa de Granasa, estos procesos no prosperaron y fueron desvirtuados con información contable y auditorías externas.

¿Qué puede hacer un interventor?

De acuerdo con la ley, el interventor tiene la función de vigilar la marcha económica y financiera de la compañía. No puede administrar directamente la empresa, pero su firma puede ser necesaria para determinados actos societarios, pagos o contratos. Granasa sostiene que no enfrenta problemas económicos y que la medida no implica control editorial.

¿Qué ocurre con el 40 % de acciones de Ingrid Martínez?

El abogado afirma que en diciembre de 2025 la Superintendencia dijo que no encontró la trazabilidad de la transferencia de acciones realizada en febrero de 2020 por la compañía Veranera, en liquidación, a Ingrid Martínez.

Ante la supuesta falta de trazabilidad, el organismo habría revertido la inscripción de esas acciones a nombre de Veranera, cuyo liquidador está bajo control de la Superintendencia. La defensa sostiene que el representante legal de Granasa no puede modificar el libro de acciones sin la anuencia de la accionista, ya que hacerlo podría constituir un delito.

¿Qué hay detrás y afectará la línea editorial?

Para Granasa, las actuaciones forman parte de un proceso de hostigamiento vinculado a su postura crítica frente al gobierno del presidente Daniel Noboa.

La defensa asegura que la intervención no faculta al Estado a intervenir en la línea editorial y que la independencia de Expreso y Extra no se verá afectada.

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