La Fiscalía opera con un 40 % menos de agentes de lo requerido

La Fiscalía General del Estado opera al límite. Su constante déficit de personal limita la capacidad de respuesta frente a una criminalidad creciente en el Ecuador.

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Con 887 fiscales activos en todo el país, lo que equivale a 4,79 por cada 100.000 habitantes, Ecuador está lejos del estándar latinoamericano de 8 fiscales por cada 100.000. Para alcanzar el nivel de cobertura que demanda la ciudadanía, la institución estima que necesita 592 fiscales adicionales y 1.776 servidores judiciales más.

¿Cuántos casos debería manejar un fiscal?

Actualmente, cada fiscal tramita en promedio 481 casos al año, cuando organismos internacionales recomiendan menos de 300 para mantener la calidad de las investigaciones. Esto significa que cada fiscal dispone de menos de un día para abrir la investigación, ordenar pericias, analizar pruebas, tomar versiones, emitir un dictamen y pasar al siguiente caso.

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), esta sobrecarga no solo compromete el acceso a la justicia, sino que provoca que procesos clave, como investigaciones de corrupción, narcotráfico o crimen organizado, avancen con retrasos que benefician a los imputados y favorecen la impunidad.

“Los fiscales que operamos en el país no damos abasto. Desde 2019 hemos solicitado 16 veces al Consejo de la Judicatura; son 16 oficios requiriendo provisión de fiscales”, indicó el fiscal general subrogante Wilson Toainga.

Una crisis que se arrastra por años

La crisis no surgió de la noche a la mañana. Se ha profundizado con años de abandono institucional, recortes presupuestarios y promesas incumplidas. 

Desde 2015, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura no convoca concursos públicos para incorporar nuevos fiscales y desde 2013 no evalúa su desempeño, por lo que los fiscales, pese a su carga de trabajo que incluye madrugadas y fines de semana, pueden ganar entre $ 2.000 y $ 3.000 mensuales en promedio. “Estamos trabajando con una planta reducida, sin recursos suficientes y con un incremento constante de causas”, reconoció el fiscal Toainga.

Las noticias del delito más frecuentes

En 2024, el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF) registró 365.255 noticias del delito. Los más frecuentes fueron robos (87.500 casos, el 24 %), intimidación (28.745 casos, 7,9 %), estafas (25.130 casos, 6,9 %) y violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar (24.850 casos, 6,8 %).

A estos se suman las causas de alto impacto: estructuras transnacionales de narcotráfico, lavado de activos, secuestros extorsivos, redes de corrupción en contratación pública y asesinatos por encargo, cuya investigación exige más tiempo, recursos técnicos y cooperación internacional. ¿Qué hace frente a esto? Toainga, en su última comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, explicó:

“¿Cuáles son las alternativas que podemos tomar? La declaratoria de caso complejo. En todas las legislaciones, cuando la institucionalidad de la investigación encuentra una organización criminal cuya operatividad es de carácter transnacional, y por la complejidad del caso y la cantidad de involucrados, rige la declaratoria de caso complejo, lo que permite ampliar los plazos de investigación”. Señaló que hay países que extienden los plazos de 90 días a 9 o incluso 18 meses.

En este tipo de investigaciones no resulta fácil buscar pruebas que se encuentran en Europa, Asia o África. Aun así, existe una fuerte cooperación internacional, en especial con España e Italia. “Para nadie es desconocido que la delincuencia organizada trata de dejar el menor rastro posible. Recurre a comunicaciones de carácter encriptado. Europa está cooperando con Ecuador para adelantar investigaciones en este ámbito”.

El frente abierto con el Gobierno

Otros problemas que enfrenta la institución incluyen la falta de formación profesional adecuada, condiciones de servicio dignas y protección frente a interferencias indebidas. Estas carencias no solo agravan la carga de trabajo, sino que también contribuyen al uso excesivo de la prisión preventiva y a los efectos adversos de condenas innecesarias.

Por ejemplo, es común ver que el ministro del Interior, John Reimberg, reclame en sus redes sociales cuando no se dicta prisión preventiva, sin considerar que cada caso tiene sus propias complejidades y que cada fiscal depende de que los partes policiales estén correctamente elaborados.

Prevén una inversión millonaria

El Consejo de la Judicatura (CJ) detectó fallas en 124 de las 245 dependencias judiciales del país y el deterioro de otras 87. Ante este panorama, su presidente, Mario Godoy, anunció que en agosto se oficializará la declaratoria de emergencia judicial, amparada en la Ley de Integridad Pública y actualmente en análisis de la Corte Constitucional. 

El plan contempla una inversión inicial de al menos 200 millones de dólares para el sistema judicial, de estos 58,6 millones  de dólares serían para la Fiscalía General. Aunque persisten dudas sobre si el dinero y las medidas serán suficiente.

• Desamparo. Desde 2019, la Fiscalía ha pedido al Consejo de la Judicatura que nombres más fiscales a través de concurso, pero la entidad ha incumplido. 

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