La designación del nuevo fiscal aterriza en la Asamblea: ADN quiere fiscalizar
La presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome, convocó a una sesión para iniciar la investigación
El proceso para designar al nuevo fiscal general será investigado en la Asamblea Nacional. La Comisión de Transparencia, dirigida y controlada por ADN, convocó para el 27 de enero de 2026 una sesión en la que se iniciará el proceso de fiscalización.
(NO TE PIERDAS:La comisión del concurso para fiscal general es capacitada para el proceso)
La convocatoria fue realizada por la presidenta de la mesa, Diana Jácome (ADN). Según el orden del día propuesto, existe un único punto: “Iniciar la fiscalización y control político al proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado”.
La sesión se desarrollará desde las 14:00 y será presencial. En esa comisión, ADN cuenta con seis votos, suficientes para aprobar cualquier resolución. Además, este organismo ya estuvo a cargo de la fiscalización de los contratos entre el Estado y las empresas Progen y ATM.
En esos casos, la comisión tardó seis meses en concluir que el tema ya estaba en manos de la Fiscalía y la Contraloría, y determinó que no existían responsabilidades políticas en esos contratos relacionados con la generación de energía.
¿Qué ocurre con el concurso para Fiscal?
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es el encargado del proceso de designación de la nueva autoridad de la Fiscalía. Este concurso arrastra meses de retraso. De hecho, la exfiscal Diana Salazar debió prorrogarse en funciones; posteriormente fue subrogada por Wilson Toainga y, tras su renuncia, reemplazada por Leonardo Alarcón, en medio de una polémica designación.
Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, que fue posesionada por el CPCCS pese a los cuestionamientos de organizaciones de la sociedad civil.
La Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal alertó que varias de las personas seleccionadas no debieron superar la fase de admisibilidad, ya sea por incumplir requisitos legales o por incurrir en aparentes prohibiciones previstas en el reglamento.
Según esta veeduría, 14 de los 30 postulantes ciudadanos sometidos al sorteo no cumplían las condiciones mínimas, mientras que 9 de los 10 delegados de las funciones del Estado tampoco reunían los requisitos exigidos. A pesar de estas advertencias, la comisión quedó integrada por 10 personas.
Juicio político a vocales del CPCCS
El proceso de fiscalización legislativa se activará después de que la solicitud presentada por el correísmo para enjuiciar políticamente a cinco de los siete consejeros del CPCCS no superó el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL). El pedido se relaciona con el proceso de designación de Mario Godoy, presidente de la Judicatura,
El pedido fue presentado por el legislador de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina. En dos ocasiones, el CAL resolvió no dar paso a la solicitud, con base en un informe de la Unidad Técnica Legislativa que cuestionó la validez de las firmas de respaldo.
Para Molina, el bloqueo a su pedido responde a la intención de proteger al actual CPCCS hasta que se nombre al nuevo fiscal general.
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