La Comisión de Fiscalización recomendará el juicio político de Gonzalo Albán
Fiscalización interpreta que la no adherencia política no es solo formal, sino una garantía continua de independencia
La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional prepara un informe en el que recomendará dar paso al juicio político contra Gonzalo Albán Molestina, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El proceso, que tiene como fin la cabeza de Albán, fue solicitado por el asambleísta de ADN Keevin Gallardo Ruiz, quien acusó al funcionario de incumplir el requisito legal de no haber sido adherente a una organización política en los últimos cinco años.
Según el informe borrador, la Comisión de Fiscalización hace una interpretación extensiva sobre lo que es la no adherencia política. Argumenta que no es un requisito meramente formal ni limitado a la postulación, sino que “es una garantía sustantiva de independencia e imparcialidad en el ejercicio de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”.
La Comisión considera que el incumplimiento de este requisito se evidencia durante todo el ejercicio del cargo y, por tanto, no se agota en el momento de la inscripción. “La inhabilidad no se agota en la postulación: su incumplimiento constituye un incumplimiento continuado de funciones, pues compromete la imparcialidad en cada decisión adoptada”, señala el documento, sin dar detalles o documentar cuáles han sido las decisiones de Albán en donde se parcialzó hacia alguna tienda política.
Aunque la defensa de Albán argumentó que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ya lo habilitó como candidato tras descartar su supuesta adherencia política, la Comisión advirtió que su rol es distinto al de las cortes. “La Asamblea Nacional no sustituye la función de otro tipo de jurisdicciones, pero sí ejerce el reproche político cuando la permanencia en el cargo es incompatible con los valores y deberes que lo sostienen”, subraya el documento.
La Comisión debe aprobar el informe
El expediente se nutrió de documentos del Consejo Nacional Electoral (CNE) que registran la adherencia de Albán al movimiento MOVER, de donde se habría desafiliado en junio de 2022, dentro del periodo prohibido por la Ley Orgánica del CPCCS. El propio TCE, en la causa 186-2022, reconoció que existía controversia sobre su registro pues la falta de control del CNE ha permitido el robo de firmas e información de cuidadanos para inscribir partidos políticos nuevos; y habilitó su candidatura, aunque con voto salvado de la exjueza Patricia Guaicha que advirtió que “nunca se desvirtuó su infracción”.
Tras la sustanciación de pruebas de cargo y de descargo, el informe de la Comisión de Fiscalización deberá ser analizado hasta el viernes 12 de septiembre por los legisladores que conforman esa mesa, presidida por Ferdinan Álvarez (ADN). Luego, será enviado al presidente de la Asamblea, Niels Olsen Peet, y será el Pleno el que decida si censura y destituye al consejero.
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