Roberto Aguilar | El juicio más estúpido de la historia

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), ese tarro de basura de la Asamblea presidido por el bienmandado señor Niels Olsen, servidor mayor del reino, no acogió a trámite la denuncia por nepotismo contra el asambleísta de gobierno Jorge Chamba. Este había contratado (ahora dice que “involuntariamente”) a la madre de su hija para servir en su despacho. Un artificioso tuit del servidor da cuenta del supuesto dilema moral que lo acongoja: “lamento -dice ahí- que no exista justificación legal para sancionar al asambleísta Chamba desde el CAL”. Declaración doblemente incomprensible: primero, porque a Chamba no hay que sancionarlo “desde el CAL” sino en el Comité de Ética; segundo, porque si lo “lamenta” será porque observa, en su conducta, acciones reñidas con la ética. Bastaba, pues, con revisar que la denuncia cumpliera los requisitos de forma (de hecho, hasta ahí llegan las obligaciones del CAL) y pasarla al Comité de Ética para que decida sobre el fondo. En lugar de eso, Olsen bloqueó el proceso (a lo mejor necesita un guardaespaldas, única actividad para la cual el asambleísta Chamba parece medianamente calificado) y, en un infructuoso intento por hacernos creer que todavía le queda un resto de vergüenza, escribió un tuit diciendo que lo lamenta. Hipócrita.

Lo que sí califico el CAL, aunque debía bloquear (y no parece que Niels Olsen lo lamente), fue el juicio político más irregular y extravagante, más grosero e impertinente, mal planteado, peor argumentado y más profundamente estúpido de la historia del parlamentarismo ecuatoriano, historia que el bienmandado señor desconoce en todos sus detalles, con lo cual permanece inconsciente de sus propios récords. El trámite de este juicio político, contra el consejero de Participación Ciudadana Gonzalo Albán, arrancó este lunes en la Comisión de Fiscalización que preside don Tilín, con tal arrastrada del asambleísta acusador por parte de la defensa que resultó imposible entender cómo semejante majadería pudo pasar el más básico de los controles. Porque vamos a ver: ¿de qué acusa el asambleísta de gobierno Keevin Gallardo (con doble ‘e’: ¿léase Kivin?) a Gonzalo Albán? De incumplimiento de funciones. ¿Qué funciones propias de su cargo incumplió? Ninguna: los hechos a los que hace relación la denuncia ocurrieron antes de que el consejero fuera tal. ¿Están pensando lo mismo que yo? Exacto.

Pero la cosa es aún peor. Lo mismo que a cientos de miles de ecuatorianos, a Albán lo afiliaron, de manera inconsulta y fraudulenta, a un partido político: llenaron un formulario con sus datos y falsificaron su firma. Cuando se postuló para el CPCCS (que no acepta militantes políticos) el CNE emitió un informe en el que descalificó su candidatura. Albán denunció la falsificación en Fiscalía y recurrió al Tribunal Contencioso Electoral, que le dio la razón. Es decir: dejó sin efecto el informe del CNE (con los votos de cuatro jueces contra una) y calificó su candidatura. Ahora viene Kivin, otro Tilín, y acusa a Albán de incumplimiento de funciones y aporta como pruebas (esto es delirante) el voto salvado de la jueza que se opuso y el informe del CNE cuyos efectos fueron suspendidos por el Tribunal. Es decir: dos pruebas inexistentes (jurídicamente inexistentes) que el bienmandado señor Olsen, servidor mayor del reino, aceptó como válidas. Efectivamente: no tiene vergüenza.