Justicia difiere audiencia de acción de protección contra ley minera

La justicia cuencana decidió diferir la audiencia para tratar una acción de protección con medidas cautelares que fue presentada en contra de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.

Organizaciones sociales de Azuay presentaron esta medida judicial el lunes, 23 de febrero de 2026, previo al debate y posterior aprobación de la norma en la Asamblea Nacional, con el objeto de impedir que la reforma legal entre en vigencia.

Audiencia diferida 

Yaku Pérez, representante legal de la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay (FOA), explicó que la audiencia se estableció para la mañana de este viernes, 27 de febrero de 2026; sin embargo, en horas de la noche anterior fueron notificados con su diferimiento por una supuesta falta de notificación a una de las partes. La medida fue presentada en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, y del presidente Daniel Noboa.

"El diferimiento se da luego de que el secretario jurídico de la Presidencia señale que no fue notificado con la acción de protección. Estaríamos frente a una clara intromisión en la justicia o una aparente negligencia", dijo Pérez, al tiempo que recordó que tras la aprobación de la ley en la Asamblea Nacional son "horas cruciales antes de que se publique en el Registro Oficial y entre en vigencia".

"Si la ley entra en vigencia, ya no tiene sentido la audiencia de acción de protección. Estamos viendo que, aparentemente, el Ejecutivo estaría coactando la justicia y esto sería muy grave", puntualizó el activista.

Consulta prelegislativa 

La acción de protección en contra de esta ley se enmarca en lo que las organizaciones denominan la falta de consulta prelegislativa a los pueblos indígenas y originarios de los territorios, normado en el artículo 57, numeral 17, de la Constitución.

Pero las organizaciones sociales también cuentan con un segundo plan para evitar que esta norma afecte a sus territorios. Tomarán el camino de la Corte Constitucional, presentando una demanda de inconstitucionalidad por lo que ellos consideran un riesgo para las fuentes de agua y todos los territorios naturales del Ecuador.

En Cuenca, por ejemplo, están en riesgo las más de 40.000 hectáreas del territorio que están concesionadas a diferentes proyectos extractivistas.

Posibles afectaciones con la nueva ley

Entre los principales puntos cuestionados de la nueva ley, Pérez detalló que en fases como prospección, exploración inicial y exploración avanzada ya no se exigiría licencia ambiental, sino un permiso ambiental simplificado.

También señaló que la ley reduce las regalías del 5% al 3%, lo que —según su análisis— implica que el 97% de las ganancias quedarían en manos de las empresas mineras.

Otro punto crítico es la creación de “clústeres mineros”, que, según explicó, concentrarían amplias facultades para empresas transnacionales en territorios específicos, limitando la intervención de gobiernos locales y estableciendo protección militar para estas zonas.

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