Gobierno niega minería en Galápagos pero reconoce un tipo de extracción: ¿Cuál? 

La Asamblea Nacional aprobó, con el mínimo de votos necesarios, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. Los cuestionamientos no han cesado y este 27 de febrero de 2026 el Gobierno Nacional se pronunció sobre lo relacionado con Galápagos.

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“El Parque Nacional Galápagos (PNG) está protegido. Dentro de él no se permite ningún tipo de minería. La ley es clara: el área protegida no puede ser intervenida. El Ministerio de Ambiente y Energía será categórico en hacer cumplir esta disposición”, señaló esa cartera de Estado.

¿Qué tipo de extracción se permitirá?

La entidad reconoció que, una vez que entre en vigencia la normativa —enviada con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa—, sí se permitirá la extracción de áridos y pétreos para obra pública, pero fuera del Parque Nacional Galápagos y en zonas demarcadas.

Asimismo, recalcó que dichas zonas corresponden a áreas de aprovechamiento sustentable. Para ello, según el MAE, se controlará el estricto cumplimiento de los permisos de libre aprovechamiento (arena, grava y piedra). “No se trata de minería comercial para exportación ni de explotación masiva”, se lee en el comunicado.

Sobre el reglamento para la Ley

El Gobierno también anunció que ya trabaja en el reglamento de la ley. El texto aún debe pasar por la etapa de veto presidencial. En caso de no hacerlo, el primer mandatario podría enviarlo directamente al Registro Oficial para su publicación y entrada en vigencia.

En ese sentido, el MAE aseguró que todo lo relacionado con este tipo de extracción quedará explícitamente establecido en el reglamento.

Para el Gobierno, la ley aprobada por la Asamblea no otorga nuevas competencias más allá de lo que ya establecen la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). “Lo que hace es ordenar y regular mejor una actividad que ya existía”, concluye el comunicado.

La aprobación en la Asamblea

El Legislativo dio paso a la séptima ley económica urgente del Gobierno Nacional. El oficialismo alcanzó los 77 votos necesarios con el respaldo de sus legisladores y de aliados exPachakutik y exRevolución Ciudadana.

Según el Ejecutivo, el proyecto busca modernizar y optimizar la gestión minera y energética, fortalecer la rectoría estatal, atraer inversión formal, combatir la minería ilegal, actualizar el régimen de patentes y ajustar los procesos administrativos para actividades extractivas y de generación eléctrica.

Sin embargo, sectores como el indígena han cuestionado la ley. Según organizaciones como la Conaie, la sustitución de la licencia ambiental por autorizaciones para actividades mineras podría reducir la fiscalización y “priorizar inversiones extractivas sin participación comunitaria real”.

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