Las irregularidades en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) no son una novedad para los exministros de esta cartera de Estado.

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Diario EXPRESO buscó a las anteriores autoridades y quienes sí respondieron señalaron que intentaron establecer un mecanismo de control para desechar a estas entidades, que bajo convenio con el Estado fingían cuidar de forma óptima a los infantes de familias de escasos recursos, a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y el programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH).

Esteban Bernal señaló que a noviembre de 2023, había devengado más de $ 124 millones de los más de $ 134 millones que entregó finanzas para el pago de los también llamados cooperantes. Por ende, afirma que quedaron $ 10 millones para usar. Y expone que desconoce por qué la actual ministra, Zaida Rovira, habla de una deuda de $ 25 millones a los cooperantes. 

“Yo también denuncié en la Fiscalía y también informé en la Asamblea Nacional en tres ocasiones que había un latrocinio en el manejo por años en las cooperantes” apuntó Bernal. Y agregó que cuando recibió la institución habían nueve meses de atraso de pagos en los sueldos.

Además, señaló que en sus procesos de inspección detectaron que las fundaciones habían organizado a las familias para que no acudan los cinco días de la semana, sino tres veces y que de igual manera cobraban por servicios completos.

En respuesta a ello, dijo que crearon la herramienta digital Sistema Automatizado de Registro de Asistencia (SARA) para que se constate que a cada menor se le daba los alimentos y servicios del Estado, pero que también sufrió vulneraciones y que constantemente debieron intervenirlo.

Su antecesora, Mae Montaño, quien renunció al cargo después de cuatro meses de gestión prefirió no hablar del tema, justificó que estaba en una capacitación y que “tal vez más adelante” se pronunciaría sobre el tema en cuestión.

En tanto que Vicente Andrés Taiano González apuntó que en su período no renovó convenios con las cooperantes porque además de que en algunos casos no presentaban la documentación correspondiente por ser organizaciones muy pequeñas, también existían las que eran parte de la corrupción.

Por ello, implementó un mecanismo de control entre las áreas: jurídicas, técnicas y la administrativas; para que visiten las sedes y detecten irregularidades en cada uno de los trámites correspondientes del convenico con las fundaciones para operar en CNH y CDI.

“En mi caso, era en pandemia y había que visitar a las familias para ver si es que las fundaciones daban el servicio y la entrega de alimentos no perecibles. Pero el MIES se usaba para fines electoreros, era un bastión político a punta de ayuda social”, recordó Taiano.

Él sostiene que está bien que el actual régimen denuncie, pero que debe tener una respuesta frontal al tipo de combate que se dará. “Decir que hay corrupción no es suficiente. Ningún sistema es perfecto, pero siempre hay que actualizar los sistemas de control, porque ellos también se especializan”.

Y que una vez resuelta esta variable se debe priorizar la entrega de los recursos al sector social si es que realmente se pretende alcanzar los objetivos de la agenda 2030.

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El exfundiconario del gobierno de Lenín Moreno, señaló desconocer del "contenido y sustento" de las denuncias de lo denunciado por la ministra Rovira. Y enfatizó que luego de su gestión, hubo tres ministros y que tampoco conoce de su trabajo en el interior de la cartera de Estado. 

"En mi caso, la prestación de servicios vía convenio estuvo delegada a mi viceministra de inclusión social. Quién realizó la gestión a través de normas técnicas, indicadores de gestión y sin discrecionalidad de ninguna naturaleza. Además instruí cumplir los criterios y recomendaciones de la de la Contraloria desde el primer día de mi gestión".

No fue así con Berenice Cordero, del período 2017 al 2019, quien no contestó a las solicitudes realizadas para referirse al tema.

Galo Salamea experto en contrataciones públicas identifica que el problema principal es la falta de control de cada tipo de sociedad y que dichas empresas se escudan en muchos casos en la figura de la economía popular y solidaria. 

"Por tener la calificación de pequeños productures, ya tienen un beneficio por ley.... A la final no se cumple ese principio. Solo se usa la figura para obtener la transacción deseada", argumentó y agregó es que el MIES tiene que verificar que la fundación no solo sea de nombre sino estar constantemente inspeccionando que no ocurran faltas. 

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