En reiteradas ocasiones se ha visto protestar a las educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) por la falta de pago. Por lo general se arrastra tres meses de sueldo y aunque el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha señalado que se ha pagado cerca de $23 millones de los $25 millones que se quedó debiendo de la gestión anterior, eso no fue lo más importante.

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Zaida Rovira quién está al frente de esta institución, señaló que al iniciar las gestiones de pago a los cooperantes, que son las organizaciones sociales o fundaciones que tienen convenio con el Estado para cuidar infantes de 0 a 3 años presentaban irregularidades.

Un caso era más terrible que el otro, al punto que las denominó como bandas delictivas, pues extorsionaban a las educadoras, reteniendo su sueldo y los décimos correspondientes, además de que no cumplían con las alimentaciones correspondientes para los menores y al revisar sus registros no tenían ni oficinas de funcionamiento.

“Hubo una fundación con la que llegamos a tener 100 convenios. Una fundación que no existía por ningún lado. Encontramos fundaciones que pertenecían a servidores de la institución; que tenían varios servicios, que les cobraban ‘vacunas’ a las educadoras. Ellas fueron víctimas de bandas delictivas porque estas no son organizaciones sociales, son bandas delictivas. Y todas esas las hemos cerrado”.

Rovira expuso que una vez que se cierra el convenio no significa que se termina el servicio para los menores, sino que se transfiere el servicio a fundaciones avaladas y reconocidas o también se firma convenio con las juntas parroquiales, municipios y prefecturas.

Y apuntó que de los más de 6000 convenios que existen ahora último se han firmado 477 con Gobiernos Autónomos Descentralizados, procesos que antes no llegaban ni a 30.

Por esta situación, se han presentado tres denuncias en la Fiscalía General del Estado y seis procesos administrativos. Los delitos identificados son suplantación de identidad, falsificaciones de documentos y utilización de documentos públicos. Hubo un detenido.

“Porque incluso logramos descubrir a personas en delitos flagrantes que utilizaban credenciales de la institución y se hacían pasar por sus funcionarios de Quito, iban a las coordinaciones zonales y hacían requerimientos para la firma de nuevos convenios” señaló Rovira. 

La titular de la cartera de Estado invitó a las educadoras que denuncien sin temor los casos de corrupción. El número de asistencia es gratuito (1800-002-002). La servidora pública dijo que se "mantendrá en reserva su identidad. 

En todo el país hay 301.945 menores entre 0 y 3 años que son atendidos por el Gobierno Nacional en los programas: Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) y los Centros de Desarrollo infantil (CDI).

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