La Fiscalía informó este 4 de abril de 2024 que la gerente, cuatro funcionarios de BanEcuador y una servidora del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) están detenidos, después de un operativo realizado en Shushufindi, provincia de Sucumbíos, por su presunta participación en el delito de alterar documentos para cobrar el bono de desarrollo humano.

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El Ministerio Público señaló que las capturas se realizaron la noche del miércoles 3 de abril, como parte de la investigación por supuestas irregularidades en los documentos, empleados en la agencia de BanEcuador en Shushufindi, para recibir ese dinero que el Estado entrega a personas de bajos recursos.

El bono de desarrollo humano es una ayuda económica que el Gobierno brinda a las personas vulnerables a nivel social.

El bono de asistencia social varía entre 55 y 150 dólares. La cantidad del dinero que se paga depende de la condición que tenga el beneficiario, entre los cuales se encuentran adultos mayores. Esta ayuda la canaliza el MIES y se paga a través de entidades del sistema financiero nacional.

BanEcuador se pronunció luego del reporte de la Fiscalía y dijo que el pasado 21 de febrero presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público y la Contraloría en contra de los ahora detenidos.

La entidad dijo que la denuncia tuvo como fin "identificar a los actores, cómplices y encubridores" frente a los reclamos recibidos por los beneficiarios afectados en la agencia de Shushufindi, cantón de la Amazonía.

BanEcuador aseguró que la gerente de la agencia fue separada de la institución hace meses. Por su parte, el MIES señaló que su funcionaria detenida trabajaba en el Ministerio desde el 2022.

Ambas entidades aseguraron que cumplirán con la política del Gobierno de la lucha contra la corrupción y depurarán a los malos funcionarios que cometan ilícitos.

¿Cuál es el delito por falsificación de documentos?

La falsificación y uso de documentos falsos es un delito en Ecuador. El artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dispone que la persona "que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años".

En el caso de uso de los documentos falsos "será sancionado con las mismas penas previstas en cada caso".

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