Este 10 de noviembre se cumplen cuatro meses desde que el ministro del Interior, Juan Zapata, presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia por el presunto delito de cohecho, debido al intento de soborno en el proceso de compra nacional de chalecos antibalas para la Policía Nacional.

Diario EXPRESO solicitó a finales de octubre a la FGE que informe sobre el  avance de las investigaciones. La institución indicó que el fiscal que lleva el caso ha dispuesto varias diligencias, con el objetivo de recabar mayor información para continuar con la investigación.

Sin embargo, no detalló qué tipo de acciones se han desarrollado, ni si posee información detallada que pueda ser compartida de manera abierta más adelante.

Este último martes, este periódico volvió a insistir y la Fiscalía respondió que el caso de la denuncia sigue con “varias diligencias ejecutadas para poder continuar con las investigaciones, para que a su vez pueda ser compartida de manera abierta a la opinión pública”.

De su lado el ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que fue citado a rendir versión, pero no ahondó más en el tema.

“Lo de Fiscalía yo no lo puedo responder”, aseguró el funcionario a este Diario y agregó que la compra se iba a realizar por subasta inversa en el mercado nacional y que debido a la amenaza de soborno decidió “darle de baja” e iniciar otro proceso que sea acompañado de veedurías.

Finalmente el pasado 11 de octubre llegaron a Ecuador los chalecos antibalas negociados después del presunto intento de soborno, los mismos que fueron comprados a dos empresas estadounidenses.

Se trata de 1.035 ejemplares destinados para integrantes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA). En ese entonces se dijo también que para el mes de diciembre se espera otra tanda más de los insumos.

De acuerdo con lo expuesto por Zapata, se trata de indumentaria que resiste impactos de arma larga, como fusiles, tipología que se ha evidenciado que usan los grupos delictivos.

No obstante, Jaime Zunino, representante de una empresa productora de chalecos antibalas en Ecuador, cuestiona que en el proceso no se haya seleccionado a fabricantes nacionales.

Su cuestionamiento lo fundamenta en el oficio DCPN-2020-1138-0 del Servicio Nacional de Contratación pública (Sercop), emitido en octubre de 2020, en el cual se ordenó al Ministerio de Gobierno (llamado en ese entonces así porque absorbió competencias) a no comprar en el exterior.

“Con base en el análisis técnico realizado, el proceso de verificación de producción nacional ha sido negado debido a que se comprobó de la existencia nacional”, se lee en el documento.

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“Cuando nosotros nos enteramos, vimos que se había involucrado a personas que ni siquiera eran fabricantes, y a nosotros nos cerraron la puerta drásticamente porque éramos los únicos que cumplíamos con los requisitos y podíamos hacerle frente a cualquier empresa extranjera. Nuestra intención era que nos dejaran participar y si ganábamos o perdíamos era en buena lid. ¿O acaso se incluyó a ciertas empresas para que después sean descartadas y la compra sea dirigida”, refutó Zunino.

Frente a esta situación, también se requirió una entrevista con la titular del Sercop,  Vanessa Centeno, con el fin de que explique acerca de las resoluciones emitidas en el año 2020 sobre la producción de chalecos antibalas nacionales y también sobre el proceso de contratación y compra reciente. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se atendió el pedido.

El equipo de comunicación informó que iban a revisar la agenda de la secretaria nacional    y que luego de coordinar iban a avisar si había una respuesta a la solicitud realizada. No se alertó de cambios hasta la culminación de esta nota.

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Desde el Ministerio del Interior se ha dicho que se recibieron 23 ofertas y solo dos entidades norteamericanas cumplieron con los requisitos, a las cuales les compraron los elementos.

En total se ha destinado un valor superior a los dos millones de dólares para dicha adquisición, según la cartera de Estado, y se estima que el precio unitario de cada ejemplar es de 2.164 dólares. Hasta mientras, se espera que para el mes de diciembre lleguen otros 50.000 chalecos antibalas para los uniformados que se dedican a labores preventivas.

La contratación total de compra es de 51.870 elementos de protección más, que hasta antes de las elecciones anticipadas se iban a terminar de entregar hasta el mes de agosto de 2024.

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