Implicaciones legales del archivo de la investigación contra Daniel Noboa y su esposa

El excandidato presidencial Yaku Pérez cuestiona la decisión de la Fiscalía General del Estado de archivar la investigación previa contra el presidente Daniel Noboa, la primera dama Lavinia Valbonesi y dos directivos de la minera canadiense Dundee Precious Metals.

Sostiene que el cierre del caso podría vulnerar el derecho ciudadano a la verdad y limitar la fiscalización sobre posibles conflictos de interés en el sector minero.

Pérez advirtió que, si el archivo se concreta, evaluará la posibilidad de presentar una acción de protección ante la Corte Constitucional, porque, a su criterio, “se está vulnerando el debido proceso”.

Explicó que una acción de protección permitiría revisar la actuación de los operadores de justicia, en este caso el fiscal Carlos Alarcón y la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, a quien le correspondió el caso tras un sorteo.

Recordó que en otros procesos la Corte Constitucional ha declarado negligencia manifiesta, dolo o error inexcusable cuando ha encontrado irregularidades en decisiones judiciales. “Hay que agotar lo de la Corte Nacional. Si la jueza es proba, en la Corte Nacional se va a caer ese pedido”, afirmó el activista.

El origen de la causa

La investigación se abrió el 26 de agosto de 2025 por una denuncia de Yaku Pérez por presuntas irregularidades en los vínculos entre la empresa minera y la familia presidencial, después de que circularon en redes sociales y medios digitales publicaciones sobre supuestas donaciones de Dundee a la primera dama.

Pérez alega que el archivo sin practicar las diligencias que solicitó como denunciante vulnera los principios de debido proceso y transparencia pública. Entre sus pedidos constaba que la Fiscalía requiriera información a los portales digitales y a las redes sociales oficiales de Dundee y de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia sobre los videos donde Valbonesi agradece el apoyo de la minera.

Las acciones investigativas solicitadas

El denunciante pidió que se realizara una pericia informática sobre los videos y publicaciones relacionadas con la empresa, además de requerir información tributaria, contractual y financiera a entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Contraloría General del Estado y la Superintendencia de Compañías.

También solicitó revisar los antecedentes del proyecto minero Loma Larga, operado por DPM Ecuador S.A., y verificar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Provincial del Azuay de 2023, que ordenó una consulta previa, libre e informada a las comunidades de Quimsacocha antes de autorizar nuevas fases del proyecto.

El archivo de una investigación previa no equivale a una declaración de inocencia, pero impide continuar la indagación mientras no existan nuevos elementos probatorios. En este caso, la decisión cierra temporalmente la posibilidad de examinar posibles conflictos de interés derivados de la relación entre el Ejecutivo y la empresa minera.

Pérez calificó el archivo como un acto político que, a su juicio, que dejará en la impunidad la presunta injerencia del poder económico en decisiones ambientales. Solicitó que se avance en la investigación y que además, no se lo deje fuera, pues ya recibió un escrito de la Fiscalía donde le anuncian que no será notificado con los impulsos fiscales, pues el caso es reservado.

¿Qué implica legalmente un archivo fiscal?

• El archivo no equivale a una absolución, pero detiene la investigación.

• La Fiscalía puede reabrir el expediente si aparecen nuevas pruebas.

• Los denunciantes pueden impugnar la decisión o presentar acciones constitucionales.

• Si el fiscal encargado es Carlos Alarcón, quien ha manejado causas de interés para el presidente Noboa, Pérez considera poco probable que el caso se reactive.

• Los dirigentes sociales y ambientales que presentaron la denuncia no descartan movilizaciones en Cuenca para exigir transparencia.

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