Los gremios de abogados esperan cambios mientras la justicia se hunde en la crisis

El sistema de justicia atraviesa momentos críticos. No existe una sola causa, sino una combinación de desinstitucionalización, pactos políticos, ineficiencia y abandono. En este escenario, llaman la atención las ausencias de los gremios de abogados, colegios profesionales, facultades de Derecho y asociaciones de juristas. Todos guardan un mutismo que contrasta con la gravedad de lo que ocurre, e incluso con su tradicional rol en el pasado, cuando convocaban a manifestaciones.

El Consejo de la Judicatura, órgano clave para el nombramiento, evaluación y control de jueces, fiscales, defensores, notarios, entre otros, se encuentra sumido en una crisis, pues en el primer año de gestión de su presidente, Mario Godoy, no ha resuelto ni un solo problema.

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Faltan 756 jueces, 600 fiscales y, por cada juez, se requieren al menos tres auxiliares judiciales. La administración de Godoy no ha sacado adelante ni el concurso para el banco de elegibles, ni el de fiscales, ni el de jueces constitucionales, ni el de magistrados de la Corte Nacional. Tampoco ha evaluado a los funcionarios, ni ha presentado los parámetros para implementar un sistema técnico de evaluación.

Aun así, el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, respalda la reelección de Godoy, quien mantiene cercanía con el Ejecutivo y cuenta entre sus amigos a Fausto Jarrín, exabogado del expresidente prófugo Rafael Correa y actual colaborador clave de Daniel Noboa.

“El Consejo de la Judicatura no ha cumplido su rol. Debe ser reestructurado completamente. Debe salir de las garras de la política”, sostiene Jorge Yánez Barrera, presidente del Colegio de Abogados del Guayas.

Yánez asegura que en toda la Costa el sistema de justicia está colapsado. “El sistema está totalmente deteriorado. Faltan jueces, hay un sistema informático que no sirve, los edificios se caen a pedazos (...) Pero ante la situación que vivimos es necesario poner jueces, porque estamos colapsados”.

Aunque Yánez evidencia con sus palabras una situación crítica, también cree que Mario Godoy tiene un plan. “Si bien es cierto que el señor Godoy tiene vínculos aparentes con el Ejecutivo, no es menos cierto que es quien ha puesto el dedo en la llaga y ha propuesto que se nombre por vía legal a jueces temporales, que no estén en funciones más de un año”.

Para María Dolores Miño, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia, “la justicia siempre ha sido una suerte de bien codiciado por los políticos, porque hay mucha claridad de que quien controla la justicia puede tener a sus enemigos políticos en orden”.

Ante este panorama, la abogada explica que “la toma de la justicia” se facilita cuando existe un escenario crítico como el actual. “El 90 % del presupuesto asignado se va en gasto corriente. Solo hay dinero para sueldos y arriendo”.

A la precariedad en la que trabajan los jueces se suma la falta de evaluación y control. “Esto explica mucho por qué el crimen organizado ha podido echar sus tentáculos”.

Miño señala que el Gobierno instrumentaliza el tema del crimen organizado para “una campaña de estigmatización hacia la Función Judicial, lo cual tiene como propósito preparar la siguiente metida de mano de la justicia, que podría realizarse con una consulta popular”.

Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, concuerda con sus colegas sobre el diagnóstico, aunque para él la solución pasa por una inminente declaratoria de emergencia. “El sistema judicial está en crisis, no tenemos recursos ni el número de jueces. Por lo tanto, debe declararse la emergencia judicial”.

Sobre la responsabilidad del presidente del ente, Godoy, en la agudización de la crisis del último año, Ocaña dirige la crítica al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que no ha designado a la nueva Judicatura, a pesar de haber recibido cuatro ternas.

“Considero que no solo ha sido culpa de él (Godoy), sino que teníamos cuatro vocales; uno renunció, otra está en un proceso de juicio político. Eso ha impedido que los procesos avancen. Pero insisto: me parece más una falta del CPCCS, que no ha designado a los vocales cuando ya tuvo las ternas enviadas”.

jorge Yánez Barrera, pdte. del Abogados de Guayas: “Hay que salir de las garras de la política”

Yánez hace una división entre la teoría y la realidad. Dice que está mal que el Ejecutivo dirija la Función Judicial, pero también cree que el camino es la declaratoria de emergencia de la justicia para nombrar jueces que actúen por plazos.

Paúl Ocaña, pdte. de la Federación Nacional de de Abogados: “Es una falta del CPCCS no designar al CJ”

La administración de Godoy no ha podido sacar adelante los concursos de jueces, pero Ocaña considera que el CPCCS tiene un grado de responsabilidad, pues incumplió su tarea de seleccionar a los vocales. Hoy la Judicatura no tiene ni cuórum.

María Dolores Miño, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia: “La toma de la justicia es más fácil en crisis”

Considera que el control político de la justicia ha sido una constante en todos los gobiernos. A este se suma una situación crítica, sin recursos, sin personal y sin control de los funcionarios. Es la receta perfecta “para la siguiente metida de mano en la justicia”.

• Poder. Actualmente, la Función Judicial se compone de más de 2.000 jueces y más de 10.000 funcionarios en todo el país.

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