A un año de gestión, Godoy incumple ejes clave y la Judicatura se hunde en la crisis

Hace un año, Mario Godoy llegó a la presidencia del Consejo de la Judicatura gracias a las acciones impulsadas por la Revolución Ciudadana.

Fue una elección polémica, que incluyó presión desde la Comisión de Fiscalización, entonces dirigida por Pamela Aguirre, y el empuje de Augusto Verduga, quien canceló su licencia de paternidad para votar por Godoy. Pero más allá de los cálculos políticos, hubo un formalismo que todos los candidatos debían cumplir: la presentación de su plan de trabajo.

Godoy Naranjo planteó cuatro líneas de acción: Lucha contra la corrupción, aplicando políticas antisobornos y parámetros de evaluación constante. Fortalecimiento institucional, con cursos de capacitación y actualización permanente. Exámenes periódicos. Seguimiento a los procesos disciplinarios.

Ha habido un cumplimiento parcial sobre lo que propuso, sin embargo en los temas que son las reales necesidades de esta función hay incumplimiento.

En cuanto a la política antisobornos, el principal avance de la administración de Godoy ha sido la contratación de la consultora Kronosconsulting Cia. Ltda., para la elaboración e implementación de un sistema de antisoborno conforme a la norma ISO 37001, aplicado al proceso de sorteos de la Unidad Judicial Penal de Quitumbe y a los procesos disciplinarios de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, por un monto de 65.838 dólares.

En el área de compras públicas, desde 2020, la Judicatura mantiene un acuerdo de cooperación para la Gestión de Riesgos en los Procesos de Contratación Pública con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), que esta administración renovó. En octubre de 2024 con la Secretaría de Integridad para levantar una matriz de riesgos de corrupción.

En cuanto a la evaluación, Godoy no ha podido evaluar a notarios, fiscales ni jueces, a pesar de que todas las administraciones anteriores realizaron avances en este tema.

En su plan de trabajo, Godoy habló de capacitar al personal judicial. Este es un punto que ha cumplido, aunque debe aclararse que la capacitación es una acción orgánica: en todas las administraciones se han realizado cursos y se ha actualizado al personal. Entre el 16 de julio y el 31 de diciembre de 2024, se llevaron a cabo 70 procesos académicos, con una cobertura de 66.549 personas. Sin embargo, no se ha cumplido con aplicar “exámenes permanentes”.

En cuanto a los procesos disciplinarios, la entidad destituyó a 102 servidores, entre ellos más de 45 jueces. Uno de los casos pendientes de resolución es la recomendación de destitución de Fabián Fabara, de la terna de la Asamblea para la Judicatura.

• Rol. El presidente de la Corte Nacional (e), José Suing, impulsa a Goody para la presidencia de la Judicatura con en su terna.

Los problemas que se han agravado

• Sin Concursos

Uno de los problemas más graves es el déficit de 700 jueces y fiscales. La vocal Yolanda Yupangui indicó que hay una media de destitución de 2 jueces a la semana. En un año de gestión de Godoy no ha logrado sacar adelante el banco de elegibles ni el concurso para la Corte Nacional, ni el de fiscales.

• Más Retrasos

La Función Judicial ha pasado de contar con un presupuesto anual de 500 millones de dólares a unos 300 millones en los últimos tres años. No hay dinero ni para el papel. Godoy ha impulsado la recategorización de jueces que tiene como fin subir los sueldos, lo que implicaría un incremento del gasto en 7 millones de dólares.

• Sin recursos

En mayo de 2025 venció el plazo para poner en funcionamiento las unidades de garantías jurisdiccionales, una disposición establecida por decisión popular en la consulta. El proceso avanzó hasta la aprobación, en mayo, del reglamento del concurso pero la Corte Constitucional lo echó abajo.

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