Evitar la metida de mano en la justicia es difícil, pero posible

Mario Godoy llegó a la presidencia del Consejo de la Judicatura gracias a las gestiones del correísmo y a pesar del escándalo que lo envolvía cuando fue calificado para ser consejero de ese organismo por haber sido abogado de narcotraficantes y por haber ocultado su parentesco político con ellos. Un año más tarde, y esta vez con el auspicio del presidente Daniel Noboa, la reelección de Godoy camina viento en popa a pesar de otro escándalo en el que está envuelto: esta vez por su incompetencia.

Godoy ha sido incapaz, como lo ha registrado en las páginas de EXPRESO la periodista Sara Ortiz, de cumplir ni el 1 % de las tareas que tenía que hacer como presidente de la Judicatura: no ha podido evaluar a notarios, fiscales ni jueces y, a pesar del déficit de 700 jueces y fiscales en un año de gestión, no ha logrado sacar adelante el banco de elegibles ni el concurso para la Corte Nacional, ni  el de fiscales. Un fracaso.

Que Godoy continúe como presidente de ese organismo, que gestiona el sistema de administración de justicia, es por estos y otros temas un asunto que provoca preocupación no solo entre abogados y analistas del tema judicial sino, además, entre muchos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Estos jueces no están contentos con la elección hecha por el presidente de ese organismo, José Suing, del nombre de Godoy para presidir la terna para ser consejero de la Judicatura (la Constitución establece que el candidato de la Corte será necesariamente quien presida el organismo).

¿Cómo frustrar el plan de meterle la mano a la justicia?

¿Es posible evitar que Godoy sea elegido nuevamente, contrariando así la voluntad del Gobierno que lo quiere ver ahí instalado para que decrete la emergencia judicial y meter la mano en la justicia? Sí, aquello es técnicamente posible, aunque esa posibilidad es remota y muy poco probable.

Para frustrar el operativo del Gobierno hay únicamente un mecanismo: que el pleno de la Corte Nacional de Justicia (es decir todos los jueces) le quite el encargo de la presidencia de ese organismo a José Suing, quien fue el que incluyó en la terna a Godoy por pedido o por orden del Ejecutivo. Suing es un dócil y obediente escribano de Daniel Noboa y hace lo que le pida.

¿Es posible que ocurra aquello, dado el malestar que existe entre algunos jueces de que Godoy sea coronado nuevamente como soberano de la justicia? Sí, es perfectamente posible. El pleno de la Corte Nacional podría retirarle el encargo que le dieron a Suing para que ejerza la Presidencia cuando ese pleno no pudo nombrar (por falta de votos) al nuevo presidente, luego de la renuncia de Iván Saquicela.

Quitándole el encargo, se podría cambiar de terna y sacar de la misma a Godoy. “Eso es posible, pero no es nada probable”, sostiene un abogado que litiga ante ese organismo y que tiene amplio conocimiento de las dinámicas internas del organismo. Y coinciden con ese abogado los periodistas que cubren la Función Judicial. Para el abogado consultado, el pleno de la Corte Nacional únicamente se decidiría por frustrar el operativo del Gobierno si este estuviera políticamente debilitado. Y ese no es el caso, al menos por ahora.

“Los jueces no quieren indisponer con ellos al presidente de la República, que parece manejar todos los hilos del poder”, le dijo a este medio dicho abogado. Los periodistas, por su lado, sostienen que los jueces temen los mecanismos que tiene el Ejecutivo para perjudicarlos si es que deciden contrariar su deseo de que Godoy llegue a la presidencia de la Judicatura.

El Gobierno estaría moviendo los hilos en la Corte Nacional

Hubo tres jueces de la Corte Nacional, sostiene una fuente periodística que pidió el anonimato, que sonaron como opciones de sus colegas para ir en la terna, pero apenas se filtró esa información empezaron a aparecer denuncias anónimas en redes sociales en contra de esos jueces, sobre supuestas irregularidades y hasta de un caso de acoso sexual.

Los jueces sospechan que quien maneja el operativo para que Godoy sea nuevamente presidente y declare la emergencia en el sector es el hasta hace poco correísta Fausto Jarrín, que tiene control sobre las herramientas de espionaje del gobierno y puede utilizar dicha información en su contra. Entre los jueces hay mucho miedo a contrariar al Ejecutivo porque saben de los alcances de Jarrín, afirma la fuente. Es por eso que la posibilidad de que el pleno de la Corte Nacional le quite el encargo a Suing es absolutamente improbable, aunque perfectamente posible, ya que el marco legal lo permite.

La emergencia, el fondo de la metida de mano a la justicia

No hay que olvidar que la decisión de quién integra la terna es una facultad exclusiva del presidente de la Corte Nacional, pero en el caso de Suing, esa atribución la tiene en virtud de un encargo de la Presidencia que perfectamente le puede ser retirado.

El plan para que Godoy, un auténtico pisapapeles a órdenes de Noboa, presida el Consejo de la Judicatura tiene como objetivo principal la declaratoria de la emergencia, que según la norma recientemente aprobada por la Asamblea (otro departamento del Ejecutivo) no tiene ningún plazo ni causales expresas para ser declarada.

La emergencia, además, demandaría de importantes recursos financieros y, por qué no decirlo, de posibles contratos que podrían beneficiar a empresas cercanas a miembros del Gobierno o al Consejo de la Judicatura. No hay que olvidar lo que ocurrió con la declaratoria de la emergencia judicial en tiempos de Correa: costó 600 millones de dólares y muchas obras fueron adjudicadas a familiares de miembros del Consejo de la Judicatura.

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