El gobierno da la razón a sus críticos

La captura de Fito fue un trabajo bien hecho de los cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia, un éxito indiscutible del gobierno de Daniel Noboa y una buena noticia para el país. Pero esto de convertirla en pretexto para montar una campaña de propaganda política no le quedó del todo bien al noboísmo. Primero, porque dicha campaña fue burda, rozó varias veces el ridículo y dejó muchos cabos sueltos. Segundo, porque aquello que pretendía demostrar (que la captura fue posible gracias al nuevo paquete de leyes aprobado por la Asamblea) no sólo resultaba inverosímil sino fácilmente rebatible. Pero sobre todo porque puso en evidencia la peligrosa deriva autoritaria del gobierno. El hecho de que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el propio presidente de la República aprovecharan el furor de la victoria para dividir a la sociedad en dos (amigos y enemigos, buenos y malos, ciudadanos de bien y socios de los criminales) encierra un inquietante mensaje.

La campaña de propaganda arrancó con la rectificación del tuit de las Fuerzas Armadas en el que se daba la primera noticia de la captura de Fito. Ahí se decía, entre otras cosas, que el jefe de Los Choneros “fue ubicado gracias a la información entregada mediante el Plan 131”, que es el programa de recompensas del gobierno y funciona con denuncias telefónicas anónimas. Ese tuit fue publicado a las 18:59 del miércoles 25 de junio, retirado a los pocos minutos y vuelto a publicar, omitiendo esa frase, a las 19:14. Pero la versión original ya había sido entregada a los medios: canales de televisión, emisoras de radio y portales de noticias informaron, citando “fuentes de inteligencia militar”, que Fito había sido capturado gracias a una llamada a la línea 131 del plan de recompensas.

La información oficial, sin embargo, no volvió a mencionar ese detalle. Gian Carlo Loffredo y el ministro del Interior, John Reimberg, lo omitieron en la rueda de prensa que ofrecieron al día siguiente, jueves 26, en el patio de Carondelet. En su lugar, se alinearon con la versión difundida la víspera en un tuit por Daniel Noboa, a saber: que la captura de Fito fue posible gracias a las leyes de Solidaridad e Inteligencia. No pudieron evitar, sin embargo, que a esta historia se le notaran todas las costuras. Primero, porque las leyes de Solidaridad e Inteligencia recién fueron publicadas en el Registro Oficial y entraron en vigencia los días 10 y 11 de junio, respectivamente, mientras que los trabajos de inteligencia, ubicación y asedio del escondite de Fito en las afueras de Montecristi se venían ejecutando desde hacía meses. Segundo, porque la ausencia de esas leyes no habría impedido nada de lo que se hizo la madrugada de ese miércoles.

No es verdad que, sin la Ley de Solidaridad, la fuerza pública no habría podido allanar sin orden judicial la mansión de Fito: esa acción ya era posible en el marco del estado de excepción que rige en la provincia de Manabí, como hizo notar en este Diario el penalista Pablo Encalada. De hecho, se ha informado que hubo seis incursiones previas. ¿Contaron con la respectiva orden judicial? ¿La habrían necesitado para capturar al criminal más buscado del país en una provincia declarada en emergencia?

Tampoco es verdad que, sin la Ley de Inteligencia, las autorizaciones judiciales que se hubieran necesitado para interceptar teléfonos habrían diferido y puesto en riesgo la operación, debido a la engorrosa demora de los trámites y a la posibilidad de que se produjeran filtraciones. La Ley de Seguridad Pública y del Estado, que regía para estos casos hasta el 11 de junio pasado, prescribía que esa autorización judicial era competencia exclusiva del presidente de la Corte Nacional. El asunto se podía manejar, por tanto, en estricta reserva. Y resolverse en cuestión de minutos. En todo caso, no parece creíble que, en este operativo policial que duró meses, los pinchazos sin autorización judicial de los últimos 15 días fueran los decisivos.

En resumen: la incursión policial y militar que culminó exitosamente con la captura del jefe de Los Choneros en la madrugada del miércoles 25 de junio se habría podido ejecutar exactamente de la misma manera como se ejecutó sin necesidad de las leyes de Solidaridad e Inteligencia. Cuando el gobierno dice lo contrario, el gobierno miente. La pregunta aquí no es por qué miente el gobierno (eso es obvio: lo hace para promocionar sus leyes) sino cómo. Y la respuesta es de espanto.

“Para los que se opusieron y dudaron de la necesidad de las leyes de Solidaridad e Inteligencia: gracias a esas leyes, Fito fue capturado hoy y está en manos del Bloque de Seguridad”: el mensaje que Daniel Noboa publicó en su cuenta de X ese miércoles 25 a las 17:56 no era de celebración sino de provocación. Lo que pudo ser una oportunidad para tender la mano y promover la unidad del país frente a sus objetivos comunes se convirtió, para el presidente, en motivo de ruptura política y ocasión para descalificar a sus críticos. A partir de entonces, esa descalificación no haría sino subir de tono.

Dos bandos y más polarización 

Lo del ministro Loffredo en la rueda de prensa del día siguiente ya fue una tácita declaración de guerra. “Es una vergüenza -dijo- que ciertos actores políticos sigan criticando las leyes o poniendo en duda su eficacia simplemente para proteger a sus socios. Les molesta que sus aliados estén cayendo”. Nótese que la asociación entre personas-que-critican-nuestras-leyes y socios-de-los-criminales es, para el ministro de Defensa, automática y evidente. Más aún: no existe, no puede existir, según su lógica retorcida, ninguna razón para criticar las leyes de Solidaridad e Inteligencia que no sea la de “proteger” a los delincuentes.

Horas después, en una entrevista para la CNN a la que se conectó desde China, donde se encontraba en visita oficial, el presidente de la República repitió el mismo mensaje. “¿Qué les dice ahora a estos críticos?”, le preguntó un complaciente Fernando del Rincón, refiriéndose a todos aquellos (políticos, abogados, periodistas…) que opusieron reparos a las nuevas leyes. Noboa respondió: “No los estoy escuchando ahora, no sé si van a ser parte de la defensa técnica legal de Fito cuando enfrente a la ley, pero creo que deberían de ponerse del lado de él en este caso, ya que se opusieron (a las leyes que permitieron su captura)”.

Lo que se critica de las leyes de Solidaridad e Inteligencia (y también de la de Integridad, que disparatadamente incluyó Noboa en CNN entre las que permitieron la captura de Fito, aunque fue publicada en el Registro Oficial fue dos días después del operativo) es que abren un territorio extrajudicial en el cual el gobierno de turno puede acumular poder, coaccionar, espiar y reprimir con un amplio margen de impunidad, como si el país viviera en un estado de excepción permanente. Esto es un error de fondo porque la política democrática (lo dice Popper) consiste en la voluntad de crear, desarrollar y proteger instituciones y leyes que nos mantengan a salvo de las tiranías y las autocracias, no que les faciliten el trabajo cuando lleguen. Por eso las leyes y las instituciones democráticas deben diseñarse en función de lo que podrían hacer con ellas los peores gobernantes, no los mejores (y todavía no sabemos a cuál de esos dos grupos pertenece el presidente).

Lo que se critica de estas leyes es que podrán usarse con fines políticos o de control social, no necesariamente para luchar contra el crimen organizado, como asegura el gobierno que hará. Pero cuando Noboa y Loffredo identifican a los críticos como aliados de la delincuencia organizada (“socios”, dice el ministro; amigos de Fito, da a entender el presidente) están incurriendo en una terrible paradoja de la que no parecen ser conscientes. Porque si esas leyes sólo se aplicarán contra los delincuentes, como prometen, y sus críticos son aliados de esos delincuentes, como señalan, entonces es obvio que esas leyes se aplicarán también contra quienes las critican. Políticos, abogados, periodistas… En tanto “socios” y amigos del crimen organizado, llegará el día en que se los considere objetivos de guerra. Una guerra que ya fue claramente anunciada por Gian Carlo Loffredo y Daniel Noboa en sus declaraciones a propósito de la captura de Fito, de cómo las nuevas leyes fueron indispensables para ejecutar el operativo y de por qué los que se oponen a ellas no hacen otra cosa sino proteger a los criminales.

Así que es cuestión de tiempo: con esas mismas leyes se los podrá espiar, se podrá allanar sus domicilios, se los podrá reprimir impunemente y sin amparo judicial. Tal y como denuncian esos críticos, precisamente. En eso reside la paradoja: al descalificarlos de esa manera, el gobierno les está dando la razón.

• Cuestionado. Lo que se critica de las leyes es que abren un territorio extrajudicial en el cual el gobierno de turno puede acumular poder como si el país viviera en un estado de excepción permanente.

• Verdad o no. No es verdad que, sin la Ley de Solidaridad, la fuerza pública no habría podido allanar sin orden judicial la mansión de Fito: esa acción ya era posible con el estado de excepción.

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