Germán Rodas: “Mientras estudian, la corrupción en la salud se sigue acumulando”

Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, dialogó con EXPRESO en torno a las declaraciones de la vicepresidenta María José Pinto, encargada del Ministerio de Salud. Esta organización de la sociedad civil, en noviembre de 2025, entregó a la funcionaria una serie de documentos sobre presuntas irregularidades en la compra de insumos médicos, que hasta la fecha siguen siendo estudiadas por el Gobierno de turno.

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- La vicepresidenta Pinto ha señalado que aún están revisando la documentación. ¿Cómo interpreta eso?

- Vamos cuatro meses desde que le entregamos esta información. Como primera respuesta le diría (que me causa) sorpresa, en el sentido de que (es) una tardanza inexplicable, que demuestra que no comprenden el material que se les ha entregado o que no quieren actuar.

- ¿Ustedes han podido conversar con la vicepresidenta en alguno de estos meses?

- No, ni una sola vez. En noviembre, le hicimos llegar la comunicación (documentación) respectiva, tanto a ella como al (entonces) presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Édgar Lama), y le enviamos al que todavía era ministro de Salud (Jimmy Martin). El 10 de febrero, un día antes de la rueda de prensa, alrededor de las 19:00 y 20:00, los asesores de Pinto me contactaron para coordinar una reunión a las 08:20 (al día siguiente), pero nuestra rueda de prensa era a las 11:00. Es decir, fue una acción reactiva a nuestra rueda de prensa. Seguramente para impedir que la hiciéramos o para decir que ya se reunió con la Comisión.

- ¿Y se reunieron?

- Nunca nos reunimos, porque nosotros hemos insistido en que la reunión es con la ministra encargada (Pinto).

- ¿No iba a ser con la vicepresidenta Pinto?

- No. Nos dejaron claro que era con unos asesores y no había ninguna respuesta a la documentación. Pero lo que se entregó fue una consolidación de todas nuestras denuncias que, desde junio de 2018, se ha hecho ante el IESS, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía y el MSP. Son 172 proveedores que, a lo largo de estos años, se han beneficiado por un monto aproximado de $240 millones. Lo que nos interesa es que no les vuelvan a contratar, como si fueran los únicos, y evidentemente los contratos que se siguen haciendo carecen de los mecanismos jurídicos indispensables. No hay concursos ni subastas inversas ni pujas.

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- ¿La Fiscalía ya ha investigado? ¿Qué sabe usted en torno a este proceso?

- En Guayas, nosotros entregamos una denuncia, firmada por los miembros de la Comisión, en la cual denunciamos que en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo (del IESS) cancelan valores mediante convenios de pago. Estos son excepcionales, pueden hacerse tres o cuatro al año, pero en 2018-2019 se hicieron 34 convenios de pago por $80 millones aproximadamente. Desde esa fecha, hasta hace dos o tres meses atrás, lo mantuvieron bajo llave, casi escondido, hasta que en un proceso sinuoso lo archivaron, diciendo que ya han pasado muchos años. La fiscal (Paola) Pico y el juez (Roberto Calderón) promovieron la impunidad.

- ¿Considera que hay voluntad política real para actuar? ¿O percibe dilación?

- Hay una actitud contemplativa frente a la realidad y falta de decisión política para enfrentar estas circunstancias.

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- ¿Cómo evalúa la gestión del Gobierno en materia de salud hasta ahora?

- Yo creo que si están haciendo ese estudio, lo están haciendo tan lento, mientras tanto la corrupción se va acumulando. Algunos temas que hemos denunciado, en los años 2025 y 2026, involucran al entonces ministro Lama, en el Hospital Monte Sinaí.

- ¿Cree que tiene que haber funcionarios que deban ser responsabilizados políticamente por la crisis en la que se encuentra el sistema de salud?

- Desde luego que sí.

- ¿Quiénes?

- El llamado Comité Nacional de Salud se constituye, en este momento, en el responsable político de lo que está ocurriendo en el país. (Además) La función de ministro de Salud no puede ser un encargo.

- ¿Qué perfil debe tener?

- Que tenga una visión de salud pública; que comprenda la relación entre el paciente y los hospitales; que entienda que el conflicto salud-enfermedad tiene múltiples factores y diversas causas.

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