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Diario Expreso Ecuador

Más de 300 firmantes internacionales denuncian 'lawfare' en el caso Glas

Un comunicado internacional advierte que el caso de Jorge Glas refleja persecución política y una grave vulneración del derecho internacional tras el asalto

Desde el 10 de noviembre de 2025, el exvicepresidente Jorge Glas se encuentra en la Cárcel del Encuentro, ubicada en la cárcel de Santa Elena.

Desde el 10 de noviembre de 2025, el exvicepresidente Jorge Glas se encuentra en la Cárcel del Encuentro, ubicada en la cárcel de Santa Elena.X: @DanielNoboaOk

Flor Layedra
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Lo que debes saber

  • La irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de México en Quito ocurrió la noche del viernes 5 de abril de 2024.
  • El exvicepresidente Jorge Glas fue detenido porque era requerido por la justicia ecuatoriana por el caso Reconstrucción de Manabí; además, tenía sentencia en su contra por los casos Odebrecht y Sobornos.
  • Glas fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, el 6 de abril de 2024. Posteriormente, el 10 de noviembre de 2025, fue movido a la Cárcel del Encuentro, ubicada en la cárcel de Santa Elena.

A dos años del asalto a la embajada de México en Quito, quienes suscriben un comunicado -divulgado por el Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas y el Observatorio del Lawfare- sostienen que el caso del exvicepresidente Jorge Glas simboliza una ruptura grave del orden jurídico internacional. Argumentan que la irrupción policial en una sede diplomática constituyó una violación directa a normas como la Convención de Viena, ampliamente cuestionada por la comunidad internacional.

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Alcance y respaldo del comunicado

El comunicado difundido por el Observatorio de Lawfare cuenta con el respaldo de más de un centenar de firmantes, según se detalla en el propio documento. En términos geográficos, predominan representantes de América Latina, con presencia también de Europa.

Los suscriptores se identifican como parte de una red internacional de juristas, académicos y activistas. Entre ellos: Anastasio Gallego, docente ecuatoriano; Claudio Katz, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; Consuelo Ahumada, de la Universidad Externado de Colombia; Fernando Estenssoro, de la Universidad de Santiago de Chile; y Dídimo Castillo, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Así también, Cristina Caamaño, de la Asociación Americana de Juristas, Rama Argentina; y Gisela Giménez, vicepresidenta de la Asociación Venezolana de Juristas.

A ellos se suman activistas, analistas políticos y exfuncionarios públicos que han participado en organismos multilaterales o en la gestión estatal. Entre ellos: Irene Montero, eurodiputada, The Left, España; Leire Pajín, eurodiputada, S&D, España; Cristina Guarda, eurodiputada, Greens/EFA, Italia; Rogério Carvalho Santos, senador, Brasil; y Frida Villalobos, Secretaría de Educación Pública, México.

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Otros respaldos internacionales

A ellos se suman: Dirce Conrado Veiga, coordinadora del Comitê Popular de Luta Lula Livre, Itália; Elian Araujo, miembro de la comisión Derecho de la Integración, IAB, Brasil; y Fernando Rodríguez, defensor de derechos humanos, Bolivia. También, Leoncio Patricio Pazmiño F., exvicepresidente de la Corte IDH, Ecuador; Eugenio Raúl Zaffaroni, exministro de la Corte Suprema de Argentina y exjuez de la Corte IDH; y Agnelo Santos Queiroz Filho, exgobernador de Brasilia, Brasil.

Exmandatarios firmantes

Asimismo, se suman tres exmandatarios. Evo Morales Ayma, expresidente de Bolivia; Rafael Correa Delgado, expresidente de Ecuador, y a Alberto Fernández, exmandatario de Argentina.

Los 336 firmantes sostienen que la detención de Glas ocurrió en un contexto de tensiones políticas internas, lo que refuerza la tesis de una persecución judicial o ‘lawfare’. Ellos señalan que su permanencia en prisión responde más a disputas políticas que a garantías plenas de debido proceso.

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Cuestionamientos a la comunidad internacional

Quienes respaldan el pronunciamiento también consideran que la comunidad internacional no ha actuado con suficiente firmeza frente a lo ocurrido. Insisten en que se requiere una respuesta más contundente para evitar que hechos similares se repitan en la región.

Asimismo, exigen que se reconozca el carácter político del caso y se adopten medidas para garantizar la libertad de Glas. Para ellos, la permanencia en prisión refuerza la idea de una justicia selectiva y condicionada por intereses de poder.

Finalmente, el documento concluye con un llamado a organismos internacionales y defensores de derechos humanos para que intervengan. Los firmantes demandan acciones urgentes que permitan restituir garantías, reparar las violaciones denunciadas y asegurar que el caso no quede en la impunidad.

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